En declaraciones a Europa Press, Algar ha reaccionado así después de que el Gobierno central, en respuesta escrita a preguntas sobre ello del diputado nacional del PSOE por Córdoba, Antonio Hurtado, haya anunciado que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) intervino para mitigar el daño provocado por el vertido, que provocó "un daño a la calidad de las aguas cifrado en 244.050 euros" y la mortandad de organismos acuáticos, recogiéndose 6,3 toneladas de cadáveres de peces".

El Ejecutivo central también indicó que la Junta tiene que emitir sus propios informes de evaluación del daño provocado a la flora y fauna acuícola, afirmando a este respecto el delegado de Medio Ambiente que, precisamente, la apertura del referido expediente sancionador es consecuencia de "los hechos producidos por el vertido accidental de agua de una de las balsas de orujo" de la citada empresa, por "haber afectado la salvaguardia de los bienes jurídicos protegidos de la flora y fauna, el espacio natural protegido del Monumento Natural de los Sotos de la Albolafia, y la protección ambiental de la zona".

Algar ha afirmado que "se ha notificado el acuerdo de inicio de dicho procedimiento sancionador a la empresa", y que se está continuando con los trámites administrativos correspondientes, detallando que "se han contemplado en el citado acuerdo de inicio de expediente una serie de obligaciones pecuniarias y no pecuniarias, para el resarcimiento del daño causado".

Asimismo, según ha subrayado el delegado de Medio Ambiente, "se han calificado inicialmente los hechos acaecidos como 'muy graves', sin perjuicio, por supuesto, de lo que resulte de la instrucción y resolución del correspondiente procedimiento".

Por último, Algar ha reiterado que, "desde un principio, la Junta de Andalucía ha actuado en el ejercicio de sus competencias, sin intervenir en el ámbito competencial de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que es la administración responsable del dominio público hidráulico".