El subdelegado espera que Ruiz Boix exija una actuación a la Junta en el río Guadiaro tras el informe de Abogacía

  • El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Agustín Muñoz, ha anunciado este martes que, conociendo el informe de la Abogacía del Estado en relación a la competencia en cuanto a la actuación en la desembocadura del río Guadiaro en San Roque (Cádiz), espera que el alcalde de la localidad, Juan Carlos Ruiz Boix, "tenga más argumentos y mejor documentación para insistir y exigir" una respuesta a la Junta.
Río Guadiaro
Río Guadiaro
EUROPA PRESS/ARCHIVO/VERDEMAR
Río Guadiaro

Agustín Muñoz ha esperado que Ruiz Boix "deje de marear la perdiz y buscar intereses políticos" con este asunto, según ha informado el subdelegado a los periodistas.

Asimismo, ha aclarado que con la denuncia judicial interpuesta por el alcalde sanroqueño este lunes "se postula clarísimamente como defensor de los intereses de la Junta" en este asunto "y en contra de los intereses de los sanroqueños". El subdelegado ha indicado que ya mantuvo esta postura en la reunión celebrada a finales del mes de septiembre entre el Ayuntamiento de la localidad, la Junta y la Subdelegación.

Además, ha indicado que en dicha reunión "ya se expuso por parte de la Subdelegación y la Demarcación de Costas que la competencia correspondía a la Junta, y en cambio el alcalde, en un alarde de conocimientos jurídicos, vio la luz y dejó claro que la competencia era del Estado y no de la administración autonómica".

El informe de la Abogacía del Estado considera que abrir la desembocadura no es competencia estatal "puesto que no se trata de una obra de interés general que persiga restablecer las características de la zona protegida como consecuencia de una alteración artificial o acontecida por un suceso extraordinario", sino que se trata de proteger la fauna piscícola amenazada "por una evolución natural de las aguas y de las corrientes marinas y fluviales".

Además, afirma que la protección de las especies situadas en las zonas incluidas en la Red Natura 2000 situadas en Andalucía "corresponde en exclusiva a la Junta, salvo aquéllas situadas en zonas exclusivamente marinas", que no es este caso, "al encontrarse en una zona fluvial".

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