La Corte Suprema de Argentina declaró ayer inconstitucionales dos leyes que impidieron el procesamiento de centenares de implicados en la represión política durante la última dictadura militar (1976-1983). La invalidación de las llamadas leyes del perdón (de punto final y de obediencia debida), aprobadas en los ochenta bajo presión militar, permitirá que sigan adelante numerosos procesos judiciales que estaban congelados por delitos de lesa humanidad y violaciones de los derechos humanos.
Las principales causas fueron reabiertas después de que el Parlamento anulara en agosto de 2003 ambas leyes.
El fallo, que ayer celebraban grupos de derechos humanos y familiares de los desaparecidos, también abre la posibilidad de que un número indeterminado de militares y policías (entre quinientos y mil) implicados en la represión sean enjuiciados.
En la memoria, 30.000 desaparecidos
Las leyes del perdón fueron aprobadas bajo el Gobierno de Raúl Alfonsín, en 1986 y 1987, en medio de rebeliones militares en protesta a las citaciones judiciales de oficiales y suboficiales. Se calcula que durante la dictadura (1976-1983) desaparecieron 30.000 personas y unos 5.000 niños fueron ‘robados’ para ser criados por familias de militares.
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