La Fiscalía de Valladolid y la Federación de Vecinos 'Antonio Machado', esta última en calidad de acusación popular en el denominado 'caso PGOU' de irregularidades en la principal herramienta de planeamiento urbano de la ciudad, han instado al Juzgado de Instrucción número 1 a que cumplimente de una vez por todas la entrega a las partes de toda la causa para que éstas puedan presentar sus respectivos escritos de defensa.

Si el 27 de septiembre era el abogado de la acusación popular, Carlos Castro, quien, a través de un escrito, trasladaba al instructor su malestar por la dilación habida en el trámite de traslado a las defensas de los investigados de la totalidad de la documentación de la causa, máxime si se tiene en cuenta que el auto de apertura del juicio oral se remonta al día 22 de enero de 2016, es ahora la propia Fiscal de Urbanismo y Medio Ambiente, Ana María Valle, la que se suma a esa "preocupación".

Así, en su escrito fechado este viernes, al que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas, la acusadora coincide con la popular en que transcurridos veinte meses desde el referido auto de apertura de juicio oral, sigue sin cumplimentarse el traslado de la totalidad de las actuaciones a las representaciones de los acusados.

"Aún siendo consciente de las posibles dificultades técnicas que, derivadas del carácter mixto (parte en papel, parte en formato digital) de la profusa documentación unida al procedimiento, se hayan podido plantear, el Ministerio Público no puede dejar de expresar su preocupación por el gran retraso acumulado y, haciendo suyas las alegaciones efectuadas por la acusación popular, interesa del juzgado que, a la mayor brevedad, lleve a cabo el traslado antedicho para posibilitar que las defensas que aún no han hecho puedan cumplimentar, con todas las garantías, el trámite del artículo 784 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", relativo este último a la presentación de los escritos de defensa de los investigados.

REITERACIÓN DE RECURSOS

Precisamente, las dificultades para el acceso de los defensores a la documentación de la causa se ha convertido en los casi dos últimos años en el principal escollo del proceso judicial, en el que se han reiterado los recursos y quejas de los investigados por la indefensión sufrida ante la imposibilidad de elaborar, con total garantía, sus escritos de calificación provisional, trámite tras el cual tan sólo falta la fijación de la fecha del juicio.

Pese a ello, alguna defensa, como la del expresidente del Baloncesto Valladolid, José Luis Mayordomo, ya presentó su escrito hace meses, al igual que la Fiscalía de Valladolid y la Federación de Vecinos 'Antonio Machado'.

A los trece imputados se les acusa de delitos por hechos ocurridos a partir de 2003 relacionados con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que, antes de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en febrero de 2004, fue modificado para, supuestamente, beneficiar a los promotores de distintos proyectos urbanísticos.

En su escrito, la Fiscalía vallisoletana solicita las penas más elevadas, cuatro años de prisión, para los principales inculpados e integrantes de la entonces cúpula de Urbanismo, el que fuera concejal de este departamento, Antonio García de Coca; el arquitecto Luis Álvarez Aller y el exjefe del área, Modesto Mezquita, junto con el pago de multas por importe de 37.800 euros e inhabilitaciones en el primer caso por espacio de 43 años para el puesto de edil y para los otros dos de 27 años para puestos relacionados con su actividad profesional.

A los tres les imputa un delito de falsedad en documento oficial, cuatro de prevaricación y uno sobre el patrimonio, mientras que al exjefe del Servicio de Planeamiento, José Luis Cerezo Bada, a quien pide también cuatro años y 19 de inhabilitación, le imputa un delito de falsedad en documento oficial y dos de prevaricación.

Incluye también en el listado de imputados, con peticiones de 2,5 años, multa de 4.500 euros y 18 meses de inhabilitación para actividades relacionadas con la vivienda, a los empresarios Gonzalo Jolín, vinculado a una operación inmobiliaria en la Avenida Madrid; Ramón Herrero Merino, administrador de Área Especial, S.L, junto con María Pilar López Mazariegos y Francisco Capellán Barbado, relacionados con la construcción del hotel de cinco estrellas Marqués de la Ensenada en los terrenos de la antigua fábrica de harinas La Perla, a quienes acusa de inductores en un delito de falsedad y otro de tráfico de influencias.

Por su parte, para José Ángel Astorga y Antonio Roberto Pastrana, socios de Parkosa, solicita dos años de prisión para cada uno por sendos delitos de tráfico de influencias, mientras que para los hermanos José Luis y Eduardo Javier González Torres y José Luis Mayordomo (expresidente del Baloncesto Valladolid), socios los tres de Grupo Capitol, les imputa un delito de tráfico de influencias y se expone cada uno a ocho meses de prisión.

Por su parte, la acusación popular ejercida por la Federación de Vecinos 'Antonio Machado', en su escrito de calificación provisional, pide las penas más elevadas para García de Coca, en concreto seis años de cárcel, y los también integrantes de la cúpula de Urbanismo en aquella época, Modesto Mezquita y Álvarez Aller, para quienes interesa condenas de cuatro años.