El Gobierno va "recuperar derechos" de conciliación laboral para los empleados de justicia

  • El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado que espera que en los próximos días "tome cuerpo" una proposición de ley "de recuperación de derechos perdidos en la reforma del 2010-2011" para los empleados de la administración de justicia. Se trata de elementos relacionados con temas como la protección social, bajas por paternidad, excedencias o conciliación de la vida familiar y laboral.

Así se ha expresado el ministro este miércoles en Oviedo en la clausura de las jornadas de los presidentes de tribunales superiores de justicia de España, donde ha indicado que espera recuperar esos derechos "que fueron modificados en la reforma del 2010-2011 y podamos volver a la recuperación de esos derechos", ha señalado el ministro.

Catalá ha dicho que en el Gobierno son "conscientes" de la necesidad de reformas y de temas como la transformación de los juzgados o de la sede electrónica, "para que el 'modus operandi' se parezca a la sociedad española de hoy".

Sin embargo, ha señalado que la aritmética parlamentaria dificulta las reformas legislativas. "Tenemos dificultades para impulsar reformas, no como en 2014 y 2015 donde se aprobaron reformas importantes como el estatuto de la victima o la reforma del código penal".

Sin embargo, ha sentenciado que no están inactivos, "hay algún proyecto en marcha como la oferta de empleo pública para el 2018". Así, ha explicado que en los Presupuestos Generales para 2018, que esperan aprobar "ya en los próximos días", va a haber una oferta de 300 plazas de jueces y fiscales.

Por otro lado, " espera" que en el Consejo de Ministros del día 13 se presente "definitivamente" la aprobación del real decreto de creación de 89 nuevas unidades jurisdicionales. Un real decreto que a juicio del ministro no atiende todas las demandas de los Tribunales Superiores de Justicia, "pero lo que no sea atendido con estas plazas se cubrirá con el decreto de creación de órganos del año 2018".

Por otro lado, Catalá ha afirmado que atiende las demandas recogidas en las conclusiones de las Jornadas de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, "porque son una guía para los asuntos en los que hay que centrar los esfuerzos" y ha afirmado que coincide en mucho de los puntos demandados.

CATALUÑA

Por otro lado, el ministro de Justicia reiteró lo dicho antes en declaraciones a los medios sobre el conflicto catalán y acusó al Govern de "atacar los pilares de nuestra convivencia". Con las mismas, ha valorado la declaración institucional de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia a favor de la Constitución y el discurso de El Rey. Un discurso donde, para Catalá, Felipe VI ha mostrado la misma opinión que los "españoles de bien".

El ministro se ha mostrado abierto a la realización de reformas "pero siempre a través de la mayoría democrática, no a través de la imposición, como vemos en los últimos días". Así, ha dicho ser partidario de volver a "la senda de la moderación, el equilibro y el respeto, también de las discrepancias, pero siempre sin alterar la convivencia".

Sobre Cataluña también ha opinado el vocal del Consejo General del Poder Judicial, Juan Manuel Fernández Martínez, que ha señalado que se viven unas "horas tremendas para España" y ha mostrado su rechazo a los actos de Cataluña "que quieren quebrar el orden constitucional en España".

Por todo ello ha defendido el texto constitucional "por el que tanto lucharon y perecieron muchas personas" y cuyas estructuras "permitieron la integración y la paz social". Ha afirmado que "sin ley no hay democracia" y sin "soporte constitucional" la democracia se convierte en sedeción y rebeldía".

Por otro lado, el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, ha afirmado que es difícil "abstenerse de la situación en la que vivimos" y ha afirmado que la "prioridad" es "restablecer" el orden constitucional. Así, ha señalado que las administraciones públicas tienen que velar por ese orden y "la justicia es la clave".

Martínez ha afirmado que Asturias es una comunidad "bien delimitada" y "acogedora", donde las identidades "se suman" y que para el Ejecutivo autonómico es una "prioridad" la mejora del funcionamiento de la administración de justicia "que satisfaga las necesidades de la ciudadanía".

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