Este documento ha sido aprobado con los votos a favor del PSPV, Compromís, Podemos y Cs y en contra del PP que considera que "no hubo irregularidades en los procesos, presiones ni tratos de favor".

Entre las conclusiones alcanzadas y aprobadas por el parlamento valenciano destacan que hubo trato de favor en la ejecución del contrato para la creación de 9.000 plazas de residencias; que el 85 por ciento de las residencias construidas se abrieron fuera de plazo; que el plan aprobado por el Consell nunca se cumplió y que el 71% de las adjudicaciones se concentraron en tres empresas.

Asimismo, el texto concluye que el conocido como 'informe Blasco', elaborado por el exconseller de Bienestar Social y Cooperación, Rafael Blasco, supuso una "auténtica modificación del contrato y no contaba con dotación presupuestaria necesaria" y que la orden del 5 de diciembre de 2007 dictada por Juan Cotino concedía "auténticos privilegios a las adjudicataria".

Además, los miembros de la comisión reclaman a la Generalitat que estudie "la responsabilidades de cualquier índole que pudieran derivarse de las acciones de Cotino".

((Habrá ampliación))