Si su hijo de 10 años está acomplejado por sus orejas de soplillo, sepa que puede acudir al SAS y solicitar que se las corrijan con una operación (otoplastia). Al igual que la rinoplastia (corrección de la forma de la nariz) o la mamoplastia de reducción (cirugía de la mama para reducirla) son intervenciones de cirugía plástica y reparadora que cubre la cartera de servicios de la Junta de Andalucía.
Ahora, si su hija de 13 años quiere hacerse una lipsucción (moldear el cuerpo) y aumentarse el pecho tendrá que acudir a la sanidad privada.
A ella y a todos los menores que en Andalucía quieran someterse a una operación de cirugía estética le realizarán un examen psicológico previo.
El objetivo es que un psicólogo, ajeno al centro sanitario donde se va a operar, pueda determinar su grado de madurez y descartar desórdenes que contraindiquen la intervención, especialmente relacionados con los trastornos de la imagen corporal.
Así se contempla en un decreto que está elaborando la Junta con el fin de proteger la salud de los menores de 18 años que se someten a estas intervenciones.
Aunque no hay datos oficiales, se calcula que anualmente se realizan unas 100.000 de las 300.000 que se hacen en toda España. Hay más novedades.
Quien da el permiso
Si el adolescente tiene 16 años o más y el informe psicológico y la valoración médica son positivas, será suya la decisión de someterse a la operación, pero los padres deberán ser informados. Si tiene entre 12 y 16 años, podrán dar su consentimiento pero necesitarán la autorización de los padres o tutores. Los menores de 12 años, no firmarán nada y serán sus padres o tutores quienes lo hagan.
Todos tendrán que recibir información sobre la operación, los resultados que se esperan, las consecuencias, los riesgos probables, las contraindicaciones y la posibilidad de nuevas intervenciones.
La Junta prevé crear un registro de datos de cirugía estética en menores para conocer los resultados, tasas de éxito, complicaciones o efectos secundarios que obtengan los centros. Éstos tendrán que presentar una memoria anual, así como un registro de la plantilla.
Salud promoverá también que se cree un código ético y deontológico y un documento de responsabilidad social.
Quienes incumplan estas normas serán sancionados con multas desde los 3.600 a los 150.253 euros.
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