Los dos que quedan en la galería desde que comenzó el desalojo (hace más de diez horas) están encadenados a unos tubos de hormigón y con candados, cuyas llaves han tirado para dificultad la actuación de la Policía, que les ha retirado el agua y los víveres que tenían, según denuncian los representantes del centro social.

El colectivo okupa mantiene que este los Bomberos no tiene medios para sacarlos y que los compañeros que aún quedan en el túnel no depondrán su actitud hasta que la Policía se marche.

El movimiento ha solicitado al Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, que tramite con la Policía la intervención de un médico en el inmueble para conocer el estado de salud de los dos encerrados.

Por parte de la Policía, se afirma que la situación conlleva cierto riesgo para todos los que se encuentran en el interior de Casas Viejas (agentes y okupas). En este sentido, Ana Cambón, portavoz del Cuerpo, afirma que "llevan unas cuantas horas en una especie de zulo. Es difícil acceder y sacarlos sin que haya riesgos para ellos y los agentes". Incluso, asegura que "puede haber un derrumbamiento".

Protestas

Casi medio centenar de personas se concentraron junto al edificio esta mañana para mostrar su rechazo al desalojo. El número de protestantes fue creciendo hasta alcanzar la centena, cuando se trasladaron a la Ronda Histórica para cortar el tráfico en tres ocasiones, entre las 11 h y las 12 h. La manifestación siguió por la calle Feria.

En este trayecto se han vivido varios momentos de tensión entre los manifestantes y la Policía. Incluso, los agentes cargaron contra algunas personas (en la calle Resolana y en la zona del mercado de la calle Feria) e identificaron a varios, entre ellos, Carlos Serrano, del colectivo Oficina de Derechos Sociales de Sevilla. El colectivo okupa apunta que cinco personas han resultado heridas leves.

A pesar de todo, la manifestación continuó poco después en la Plaza Nueva, frente al Ayuntamiento de la ciudad, y por calles como Tetuán y La Campana. Ahora se ha trasladado a la Alameda.

60 efectivos

Unos 60 agentes llegaron a la calle Antonia Sáenz sobre las 8 de la mañana y la cortaron al tráfico. Nadie podía acceder a la ella, ni siquiera a los abogados de Casas Viejas, a los que les han negado el acceso en dos veces, o a los medios de comunicación que desde primera hora de la mañana se trasladaron a la zona.

Los letrados Enrique Irazusta, María del Mar Valiente y Luis de los Santos, que afirma que aún no existen cargos contra los jóvenes que han protagonizado la "resistencia pacífica", presentarán una queja formal, ya que solicitaron al juez decano autorización para acceder al recinto y aún así no lo consiguieron.

En el Centro Social Ocupado, que funciona desde hace unos cinco años, se encontraban, según la Policía, unas 14 personas, entre movimiento okupa e indigentes. Cuatro han ofrecido resistencia encadenándose a distintas columnas. Uno de ellos fue trasladado a dependencias policiales para ser identificado. Sin embargo, el movimiento

Fuera la ventilación

Los okupas dicen que lo primero que hizo la Policía fue cortar la luz, con lo que también cortaron la ventilación del túnel al que se encadenaron esas dos personas.

A las nueve de la mañana de ayer, los ocupantes del número 23 de la calle Antonia Sáenz (conocidas como Casas Viejas) recibían de manos de la abogada del propietario la orden de desalojo emitida por la Gerencia de Urbanismo.

Pero los okupas se negaron a abandonar el lugar. «Hemos sellado las puertas y montado un sistema de guardia permanente por la noche», dice José, uno de los jóvenes. «Si vienen a echarnos haremos resistencia pasiva y pacífica», añade una pareja que vive en una de las casas.

Algunos vecinos que los apoyan consideran injusta esta decisión: «Ojalá que no se haga efectivo, no hacen daño a nadie», dice María, que vive enfrente.

Viviendas

El solar de Casas Viejas se convertirá en viviendas y en equipamiento público, según el concejal de Urbanismo, Emilio Carrillo. Es decir, se llevará a cabo lo previsto en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital.

Mientras que se produce el derribo, la propiedad (la Comunidad Hermanos Bordas Marrodán), afirma que pondrá seguridad privada para evitar que se produzcan nuevas intrusiones en la zona.