La asociación consideró este sábado en un comunicado que dar apoyo "a una probable delincuente en fase de investigación, después de haber secuestrado internacionalmente a sus propios hijos desde Italia a España, denegándole el derecho al padre a verlos según estaba establecido en sentencia judicial y haber estado fugada de la justicia, desapareciendo y no entregando a sus hijos, resulta ser un acto de soberbia, coacción a la justicia y falta de respeto a la ciudadanía en general".

La Apfsib también recordó que "incumplió reiteradas órdenes de entrega de sus hijos al padre lo que redunda en un enorme perjuicio para los menores, frecuentemente olvidados por los argumentos de esta convocatoria y otras similares".

Asimismo, añadió que "las autoridades o administraciones pueden fomentar, enaltecer o directamente actuar en contra del poder judicial como ha hecho el Ayuntamiento de Macarena, la Junta de Andalucía y hasta el Presidente del Gobierno, que sugirió comprender a Juana Rivas en su situación".

De esta forma, el Ayuntamiento de Palma y el Consell de Mallorca "están detrás de esta manifestación incumpliendo su compromiso tácito de no interferencia con la justicia".

Por último, la Apfsib remarcó la "profunda ruptura social" que provocan acciones como estas, "promoviendo desde el feminismo más radical, intolerante, violento y misándrico, infiltrado en todos los estamentos del estado, una lucha de sexos en lugar de la igualdad falsamente prometida".