Unos cincuenta agricultores, con 15 tractores, se han concentrado este miércoles ante la Subdelegación del Gobierno de Lleida convocados por Unió de Pagesos (UP) para reclamar al Ministerio de Agricultura ayudas para paliar la crisis de precios del melocotón y la nectarina.

"El motivo de esta concentración es continuar con la presión que pensamos que tenemos que hacer al Ministerio de Agricultura, que es quien tiene la responsabilidad de poder arbitrar las medidas de perturbación del mercado que permite la última reforma de la Política Agraria Común (PAC)", ha afirmado el coordinador nacional de Unió de Pagesos, Joan Caball, en declaraciones a los medios.

Caball ha insistido en que la retirada del mercado de 20.000 toneladas adicionales de fruta de hueso es insuficiente y ha recordado que esta cantidad se agotó en un solo día, y ha anunciado que si el Estado no toma medidas, el sector volverá a protestar en la Fira de Sant Miquel de Lleida, a finales de este mes, y en Fruit Attraction de Madrid, en octubre.

El coordinador nacional ha entregado sus reivindicaciones a la Subdelegación del Gobierno y ha insistido en que el Ministerio envía a la Unión Europea precios que están por encima de lo que cobran los payeses, por lo que algunos funcionarios comunitarios no entienden que los productores españoles pidan más ayudas.

UP reclama ayudas directas por hectárea para los productores y una bonificación o reducción de las cuotas de la Seguridad Social de los agricultores autónomos vinculados a explotaciones hortofrutícolas.

También pide al Ministerio que defienda ante la Unión Europea una reasignación de cuotas de retirada de fruta del mercado para que España pueda utilizar la cantidad que otros países no utilicen.

Las peticiones de los agricultores incluyen también que el Ministerio de Hacienda revise el índice de las explotaciones frutícolas que no son de cítricos en la declaración de la renta e impulsar un plan nacional de la fruta dulce que incorpore un plan de arranque y abandono de algunos cultivos, así como la creación de un observatorio de precios de referencia que asegure la transparencia.