El comunicado remitido a Europa Press, el cual ha sido consensuado con los profesores del departamento, pone de manifiesto la "gran profesionalidad" de Francisca Granados así como "su indudable calidad en el ejercicio de su actividad profesional, tanto como asesora jurídica como en su condición de profesora de Derecho de la Universidad de Granada.

La profesora Francisca Granados ha desempeñado "ininterrumpidamente" durante más de 30 años "una excelente y apreciada" labor como profesora asociada de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Granada, mereciendo siempre "las más altas valoraciones" de sus alumnos en su "larga" trayectoria universitaria, ha señalado este departamento.

"Esta función la ha compatibilizado con su importante y reconocida labor como asesora jurídica del Centro Municipal de Información a la Mujer de Maracena", ha agregado.

Durante todo este tiempo, Granados ha demostrado en opinión de sus compañeros "un profundo conocimiento del Derecho y una gran solvencia profesional", así como "una innegable integridad y entrega" como profesora, destacando "de manera especial su calidad humana y su compromiso social".

En este sentido, los integrantes del departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UGR han querido "expresar públicamente" su "consideración y respeto" hacia la asesora jurídica de Juana Rivas como "persona" y "magnífica profesional".

Esta profesora asociada de la UGR compareció como investigada el pasado miércoles en el Juzgado de Instrucción 2 de Granada, responsable del caso de Juana Rivas por la vía penal, en relación con "su presunta intervención" como "inductora" o "partícipes necesario" en una supuesta sustracción de los hijos de la madre de Maracena, quien devolvió en la Comandancia de la Guardia Civil el pasado lunes a sus hijos, de once y tres años, a su excompañero sentimental, Francesco Arcuri, condenado en 2009 por lesiones en el ámbito familiar.

La representación legal de la asesora jurídica del Centro Municipal de la Mujer de Maracena y de la psicóloga del mismo, Teresa Sanz, también investigada en el caso por la vía penal, ha pedido el "sobreseimiento parcial" del procedimiento respecto a estas dos funcionarias debido a la "total ausencia de indicios" contra ellas.

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