Fernández ha ofrecido una entrevista a Europa press después de trabajar como perito en la demanda interpuesta por los padres de Adrián Tobías, un niño de once años con epilepsia y hemoparesia que cursará en un centro ordinario el próximo curso después de un fallo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja.

El niño deberá ser matriculado en un centro ordinario (aún la familia está pendiente de saber en cual) en contra del criterio de la Consejería de Educación, que había determinado que el menor fuera escolarizado en un colegio de educación especial por entender que era la mejor opción para el niño, según siempre ha alegado.

La directora de la Fundació Gerad ha relatado que se trata de la segunda sentencia que se produce en La Rioja en los mismos términos (la anterior fue hace un año) y, además, después de que el tribunal fallase a favor de Adrián se han interpuesto otras dos demandas, aún pendientes.

"La educación inclusiva tiene que ver con que todos alumnos aprendan juntos y convivan juntos y la escuela tiene que estar preparada para atender a todos los alumnos con sus diferencias, tanto a los que tienen diversidad funcional como a los que no", ha explicado al tiempo que ha subrayado que "todos los alumnos presentan diferencias individuales".

En este sentido, ha dicho, un "aspecto relevante" se encuentra en el hecho de que, "se trata de un derecho humano fundamental" reconocido por la Convención de la ONU de las Personas con Discapacidad y "ratificado por el Estado Español desde el año 2008" y, por tanto, "de obligado cumplimiento". Sin embargo, desde entonces, ha dicho: "Hemos ido para atrás".

Fernández Oliva ha aseverado: "Ningún niño está mejor discriminado, y estar en un centro de educación especial es estar discriminado, porque se están vulnerando los derechos de estos niños y el Estado Español lo sabe, y sabe que los tendría que hacer desaparecer para aplicar políticas inclusivas".

La directora de la Fundación Gerad ha apuntado a otra forma en la que, también, se está "vulnerando" este derecho fundamental, y es a través de la separación, en aulas especiales, de niños que están matriculados dentro de un centro ordinario; o niños en aulas ordinarias desarrollando otro currículum.

Así, ha mostrado su "preocupación" por la "vulneración" que se esta produciendo dentro de centros ordinarios, tanto porque no se está dando la atención que los niños necesitan como por las "prácticas educativas que no contemplan a los alumnos con diversidad". "Las familias deben saber que esto se puede denunciar, yo les animo", ha dicho.

"Un derecho humano fundamental no es algo que se haya decidido sin una base", ha destacado. Así, en los casos de niños como Adrián "los entornos ordinarios pueden promover el desarrollo de la persona de forma más relevante" y "un entorno segregado es una barrera más".

Los centros, ha señalado, "tienen que estar preparados para atender a todos los alumnos y la falta de recursos no puede ser un argumento para denegar apoyos". "En primer lugar", ha afirmado, porque "no está tan clara, lo que hay es muy mala distribución y resistencia a transferir a los centros ordinarios los recursos que están en los centros especiales".

En el caso de Adrián, la familia ha expresado su deseo, a través de un recurso en Educación, de que regrese a Escolapias (Inmaculado Corazón de María), donde estudiaba antes de que Educación decidiese trasladarle a un centro especial y donde aún conserva amigos.