Una especie de ITV para que se encargue de tramitar las licencias de los locales comerciales. Ésta fue la propuesta que hicieron ayer los empresarios madrileños: que se cree un órgano externo al Ayuntamiento de Madrid para otorgar o no los permisos basándose en una serie de requisitos objetivos que todos los locales deben cumplir.

Ésta es la reacción de los propietarios de locales ante la trama de corrupción de la operación Guateque, de la que dicen ser «víctimas y en ningún caso culpables». Además, han pedido a la Administración que incremente los recursos destinados a los servicios públicos relacionados con el ocio.

Habrá una negociación

El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, aseguró ayer que, cuando finalice la operación Guateque, el Ayuntamiento consensuará con sindicatos y vecinos cuál será la mejor forma de acometer una externalización, si finalmente se opta por esta medida.

Cobo, además, dijo que sólo están implicados en la trama «funcionarios antiguos» y no «cargos políticos», una afirmación que UGT tachó de «intolerable e inmoral».

El juez Santiago Torres dejó ayer en libertad a otros cuatro imputados en la red de corrupción, en la que se han visto implicados 40 funcionarios y empresarios.

Se trata de José Antonio Jodar García y Luis Olave Martín, ambos en libertad bajo fianza de 3.000 euros. Asimismo, Óscar Acero Fernández, jefe de la Unidad de Licencias en la Gerencia de Urbanismo, y la ingeniera industrial, Beatriz M. A., también están en libertad sin que el juez acordara ninguna medida cautelar contra ellos.

Cuarenta personas implicadas

Los implicados en la operación Guateque son ya 40, de los que seis han ingresado en prisión: Victoriano Ceballos Fernández, Joaquín Fernández Castro, Carmen Eulalia Ibáñez Martínez, Antonio Sanz Escribano, Santiago Castillo Morales y Carmelo García Sánchez. Por otro lado, Ramón Orellana Salas, Óscar Acero Fernández, Fernando Ruiz Torrejón, Adrián Luempo Romero, Juan Antonio Montesinos Rico, Ángel Megal Cifuentes y Esther del Olmo Rodríguez nunca han estado en prisión, al contrario de lo que publicamos el martes por error. Declararon ante la Guardia Civil y fueron puestos en libertad sin fianza. Tampoco los funcionarios Ángeles Díaz León y Mariano García Bachiller han estado en prisión. Ambos declararon sólo en calidad de testigos.