En un escrito presentado al Juzgado de Guardia, el ayuntamiento, representado por el letrado Jorge Español, solicita que se autorice a la secretaria judicial para que, con el auxilio de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Judicial y de cuantas otras unidades de la fuerza pública requiera, pueda entrar en el Museo Diocesano y Comarcal de Lérida al objeto de dar pleno y fiel cumplimiento a la sentencia ejecutada.

Asimismo, en este escrito de petición de diligencias urgentes, se suplica que se deduzca testimonio ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, "por lo que respecta a las conductas del exconsejero de Cultura, Santi Vila, y del actual consejero, Lluis Puig, por la presunta comisión de los delitos de desobediencia, prevaricación (en el caso del primero) y apropiación indebida".