El vicesecretario general de UGT Castilla y León, Evelio Angulo, ha apuntado este viernes que en las negociaciones del Diálogo Social de cara a 2018 plantearán que las ayudas al empleo para parados mayores de 55 años se rebajen a los 50 y que además se eleve el mínimo de duración de los contratos a 12 meses, para que de esta manera puedan contar con hasta 16 meses de cotización.

Angulo, acompañado por la secretaria confederal de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, María del Carmen Barrera y el secretario de Política Industrial, Sindical y de Empleo, Raúl Santa Eufemia, han presentado este viernes el balance sobre la situación del mercado de trabajo en la Comunidad, en el que concluyen que "la realidad" es que "la precariedad laboral lo domina todo", pues "por mucho que se diga que se crea empleo" la situación es de una mayor temporalidad y parcialidad en los contratos, más incluso que en los peores años de la crisis económica.

Angulo ha considerado que en el debate del Estado de la Comunidad que se ha celebrado en las Cortes regionales esta semana se ha expuesto "una realidad" que no se corresponde a la situación de "precariedad" que domina el mercado laboral, con una mayor temporalidad y parcialidad en los contratos.

En este sentido, la secretaria confederal ha aseverado que "por mucho que se diga que se crea empleo" las cifras demuestran que, en términos nacionales, se han perdido 650.000 empleos indefinidos cada año desde 2010, hasta un total de 4,1 millones, los cuales se interpreta que se han "transformado en contratos precarios, temporales y parciales" que "no cotizan debidamente" y han situado a mucha gente "en riesgo de exclusión".

Todo ello se traduce, a juicio del representante de UGT, en una "debilidad del mercado de trabajo" que se debe recuperar, para lo cual se debe incidir, a través del diálogo social, con unas nuevas propuestas que se puedan tener en cuenta ya en 2018, centradas principalmente en las mujeres, pues la brecha salarial se ha incrementado hasta el 22%; los jóvenes menores de 35 años; y los parados mayores de 50 ó 55 años.

Así, ha adelantado que en las negociaciones del diálogo social plantearán que las ayudas al empleo de este colectivo de personas de cierta edad se rebajen a los 50 años y que además se eleve el mínimo de duración de los contratos a 12 meses, para que de esta manera puedan contar con hasta 16 meses de cotización.

En el caso de Castilla y León, los datos que se muestran en el balance indican que, mientras los contratos indefinidos han crecido un 2,9 por ciento desde 2013; los temporales lo han hecho a más del doble de ritmo, al 7,1 por ciento. Por eso, ha vuelto a aumentar la tasa de temporalidad, que había caído en 2013 al 21 por ciento, y ahora se sitúa en el 23,6 por ciento.

El empleo a tiempo parcial, se señala en el documento, es otra de las manifestaciones de la precariedad y pasó de representar un 12 por ciento con respecto al total de empleo en 2008, llegó a situarse en el 16 por ciento en 2015, y en 2016 se ha quedado en el 15%.

"NO ES POSIBLE SALIR DE LA CRISIS"

Con todo ello, Evelio Angulo ha aseverado que, para los trabajadores "no es posible salir de la crisis" con contratos de "siete días al mes" o de "una hora al día" y que además incide en que no crezca el consumo interno que, ha recordado, es "lo que mueve la Comunidad".

Igualmente, Angulo ha advertido de que Castilla y León es una de las comunidades con una "menor tasa de cobertura por desempleo".

Mientras tanto, Raúl Santa Eufemia se ha detenido en la situación de los empleados públicos, ya que ha recalcado que viven también una situación de precariedad laboral, con datos como que la tasa de temporalidad ha aumentado hasta el 21,5 por ciento, mientras que entre 2012 y finales de 2016 se han perdido 14.000 trabajadores públicos.

Asimismo, se ha referido en la importancia de la negociación colectiva para lograr el objetivo de que "el 100 por ciento" de los trabajadores esté "bajo el paraguas del convenio", si bien ha reconocido que es una "tarea difícil más si cabe cuando las empresas no quieren repartir beneficios".

En este sentido, ha mostrado la "máxima disposición" por parte de UGT para llegar a acuerdos, pero también la intención de establecer un mayor control y vigilancia sobre los acuerdos colectivos, pues ha subrayado que quedan muchos convenios colectivos pendientes de negociar, entre ellos seis de los once de ámbito regional. De hecho, en provincias como Ávila, quedan pendientes diez de los 14 convenios colectivos de ámbito provincial.

Por su parte, Carmen Barrera ha establecido el origen de esta situación en la "amenaza del rescate por parte de la Unión Europea" en 2012, que el Gobierno hizo frente con reformas que "todas ellas implicaron recortes de derechos", sobre todo en lo relativo a lo laboral.

Por ello, ha preguntado "cuánto más se va a mantener el riesgo de rescate" y se va a reclamar a las empresas que traduzcan en mejoras de las condiciones de sus trabajadores, ya que considera que sus niveles de beneficios son ya "superiores a los anteriores a la crisis".