Las principales críticas al Proyecto de Real Decreto del Gobierno se centran en los reducidos niveles de renta que se establecen para acceder al bono social, ya que consideran que "son niveles de renta muy restrictivos que dejan fuera de cobertura a amplios estratos de la población que tienen serías dificultades para pagar los actuales precios de la electricidad".

Se critican además los "exiguos porcentajes" de descuento en la factura que establece para los beneficiarios del bono social: 25% para consumidores vulnerables y 40% para consumidores vulnerables severos.

Otra de las alegaciones se refiere a los "restrictivos limites" al suministro de electricidad que se establecen para poder acceder al bono social que consideran no cubren las necesidades básicas de suministro.

Por último también se critica que se propone un procedimiento de solicitud del bono social complejo e innecesario, que se debe repetir cada año y que, sin duda, desincentivará que muchas personas en situación vulnerable o vulnerable severa se acojan al bono social, especialmente entre colectivos como las personas mayores y consumidores con bajos niveles formativos.