a la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017 que ha entrado hoy

en vigor.

OSUR, en declaraciones a Europa Press, ha explicado que en el borrador inicial del Proyecto de Presupuestos del Estado para 2017 se incluyó una disposición adicional (la 27a y también la 35a) por la que se prohibía el traspaso de empleados de empresas "en proceso de remunicipalización a las plantillas municipales".

Asimismo, el Observatorio ha recordado que pocas semanas antes de la aprobación definitiva de los Presupuestos, "PP y PSOE pactaron una enmienda transaccional por la que se permitía ese traspaso bajo condiciones especiales".

Esas condiciones hacen referencia concreta a que la adición de plantillas de trabajadores se haya decretado "por vía judicial" o que haya existido previamente a la remunicipalización "la tramitación de un procedimiento que garantice los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad del acceso de los nuevos trabajadores municipales a través de un proceso de selección abierto".

Al respecto, OSUR ha subrayado que "está claro" que no ha habido ni resolución judicial ni el Ayuntamiento de Valladolid "ha ejecutado ningún proceso de selección abierto a cualquier aspirante",

por lo que resulta "evidente la ilegalidad" que planea el Consistorio vallisoletano.

Por ello, el observatorio ha augurado que si continúa la

remunicipalización se puede dar "situaciones muy graves" ya que la contratación de los nuevos empleados podría ser declarada "nula", además de que "da por seguro" que el Ministerio de Hacienda impugnará el proceso

"si se produce incremento ilegal de la plantilla municipal o se va en contra de la última oferta de Empleo Público".

"Es lamentable la precarización de los puestos de trabajo y someter al municipio a procesos judiciales innecesarios", ha aseverado el director general de OSUR, Ramiro Aurín, quien ha precisado que las disposiciones en la ley presupuestaria sobre opciones para aceptar la remunicipalización de servicios públicos "son muy ambiguas".

En este sentido, Aurín ha explicado que estas disposiciones "van a permitir prácticas irregulares" por parte de algunos municipios en el sentido de que van a cumplir "sobre el papel" con las exigencias legales, pero en la práctica "van a trasladar a la nómina de funcionarios a los empleados de las empresas municipalizadas o remunicipalizadas".

Por ello, Ramiro Aurín ha aseverado que la Administración "tendrá que haber un seguimiento muy estricto para evitar fraudes de ley".