La disputa por la presidencia del Comité Ejecutivo de IFEMA ha derivado en un nuevo enfrentamiento entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, o lo que es lo mismo, entre Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón.

El nuevo presidente nombrado hoy por la Cámara de Comercio, Luis Eduardo Cortés, fue durante la última legislatura uno de los hombres de confianza de la presidenta de la Comunidad. Anteriormente, Cortés había sido Consejero de Obras Públicas con Ruiz-Gallardón.

La institución cameral ha emitido un comunicado en el que informa de que el nombramiento de Cortés cuenta con el apoyo del empresariado madrileño.

Cortés, que concurrió como número nueve de la candidatura de Esperanza Aguirre en las elecciones autonómicas del 25 de mayo de 2003 y en las del 26 de octubre del mismo año, abandonó el sector público tras 26 años de dedicación a la política madrileña, dieciocho de ellos con escaño en la Asamblea.

Renunció como representante del Senado y de la Asamblea el 8 de septiembre de 2005 para ocupar el puesto de presidente no ejecutivo de Vallehermoso, filial del grupo constructor y de servicios Sacyr Vallehermoso.

El Ayuntamiento exige la dimisión de Cortés

El Ayuntamiento de Madrid ha exigido hoy la dimisión de Luis Eduardo Cortés como presidente de Sacyr Vallehermoso en el caso de acceder a la presidencia del comité ejecutivo de IFEMA, al considerar ambos cargos "incompatibles", al tiempo que anunció la puesta en marcha de "medidas legales" por parte del Consistorio en caso de que no se produzca tal dimisión.

"La presidencia del comité ejecutivo de IFEMA es incompatible con la presidencia de una empresa constructora que en estos momentos mantiene un importante litigio con IFEMA", afirmó en declaraciones a Europa Press el delegado de Economía del Ayuntamiento de Madrid, Miguel Ángel Villanueva.

Estos estatutos, según el delegado de Economía, señalan que IFEMA es un consorcio en el que participan dos administraciones, aparte de otras entidades como Caja Madrid, que tienen una naturaleza pública y que, por tanto, "establece un régimen de incompatibilidades para aquellas personas que ostentan representación en este tipo de instituciones", explicó Villanueva.

IFEMA es uno de los principales generadores de riqueza de la Comunidad de Madrid, con ingresos por valor de 1.800 millones de euros y unos 39.000 empleos inducidos en la región.