El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación presentado por la familia que fue propietaria de los suelos de Finca Zambrana, por los que el Ayuntamiento de Valladolid ya tuvo que abonar casi 20 millones de euros hace dos años en concepto de expropiación, que habían reclamado que el valor real de los suelos era de 96.298.178 euros.

Según han informado fuentes municipales a Europa Press, el valor de la finca, fijado en su día mediante el procedimiento de justiprecio, fue de 16,7 millones de euros. En todo caso, el fallo establece que el pago realizado en el año 2015 por el Consistorio vallisoletano debe incrementarse en el 5 por ciento de dicha cantidad -835.000- más los intereses. Por ello, el concejal de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda, Manuel Saravia, ha lamentado que "continúa la sangría" para las arcas municipales.

El fallo, conocido este viernes, rechaza las pretensiones de la familia propietaria de la parcela de Finca Zambrana, por la que el Ayuntamiento de Valladolid fue condenado por sentencia judicial en 2014 a pagar casi 20 millones de euros para la expropiación de la misma, y que, mediante un recurso, reclamaban que los terrenos deberían tener un valor de 96,3 millones de euros.

El recurso de casación se presentó contra la sentencia del Tribunal Supremo de Castilla y León fechada el 23 de noviembre de 2015 en la que ya se rechazaba la reclamación de los propietarios.

Aunque no se reconoce en la sentencia las pretensiones de los demandantes, que solicitaban cerca de 100 millones por esa parcela, el fallo establece un incremento del valor establecido en su momento para la expropiación -16,7 millones- más los intereses, por lo que Saravia ha lamentado que la gestión del equipo de Gobierno anterior "sigue siendo una fuente de conflictos para las arcas municipales".

Manuel Saravia ha recalcado que "no acaban de terminar las consecuencias del revés judicial de la negligente actuación del gobierno de León de la Riva" y ha recordado que la Comisión de investigación creada en su día en el Consistorio "puso de manifiesto la responsabilidades políticas evidentes por el descuido en la tramitación de esta operación junto con la gravísima irrresponsabilidad de la Junta de Castilla y León al mirar para otro lado en un procedimiento extraordinariamente gravoso para las arcas públicas".

El concejal de Urbanismo considera que la Junta "eludió su culpa en una situación que era en buena parte responsabilidad suya", por lo que mantiene que la Administración regional debería hacerse cargo del 50 por ciento del coste que esta expropiación por Ministerio de Ley ha supuesto a las arcas municipales.

"La nueva sentencia pone sobre la mesa una vez más la necesidad de llegar a un acuerdo entre la administración regional y la municipal para hacerlo frente a más de 20 millones de euros", ha aseverado el edil de Valladolid Toma la Palabra.