por participar en un piquete informativo, en la huelga general del 29 de marzo de 2012, contra la reforma laboral del Gobierno del PP.
La Fiscalía pide para ellos 7 años de prisión. Una petición injusta y a todas luces desproporcionada, en base al rescate de un artículo preconstitucional el 315.3 del Código Penal y el artículo 172 de este mismo Código, que contempla penas mayores cuando las posibles coacciones se realizan en una huelga, y no cuando se producen durante un delito ordinario.
UGT considera que sin las huelgas y sin las personas que han participado en ellas para defender los intereses de los trabajadores y trabajadoras, como Ranz y Nogales, hoy no habría derechos. Por eso, continuará defendiendo la huelga como elemento fundamental de progreso social y a aquellos que deciden proteger sus condiciones laborales mediante su ejercicio #yosoypiquete.
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