La Fiscalía considera que con el decreto de enseñanza plurilingüe del Consell "no se ha producido lesión" de ningún derecho fundamental, en concreto del de igualdad, ya que dicha norma "no se impide la enseñanza en castellano" y "no se dificulta ni obstaculiza la enseñanza" de esa lengua.

El ministerio público realiza estas consideraciones en un escrito fechado en abril y remitido a la sección cuarta de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) -que, posteriormente, ordenó la suspensión cautelar del decreto- dentro del procedimiento de derechos fundamentales planteado por el sindicato CSI·F, una de las entidades que ha recurrido la norma de la Conselleria de Educación por considerar que es discriminatoria y vulnera el derecho a la igualdad.

En el escrito del fiscal, difundido este jueves por Escola Valenciana, se argumentaba, en primer lugar, la "falta de legitimación activa de la demandante", en este caso CSI·F, "que no ostenta ni la representación ni de los centros docentes ni de los alumnos de la Comunitat Valenciana". "Deberían ser estos quienes, en su caso, recurriesen las disposiciones impugnadas en este proceso", apostilla.

De manera subsidiaria, en el caso de que no se aceptara el argumento de la falta de legitimidad -como así ha sido, ya que el TSJ dictó un auto en el que reconocía la legitimación de la central sindical para recurrir el decreto-, la Fiscalía expresaba que, de acuerdo a su criterio "no se ha producido lesión de derecho fundamental alguno, ni del artículo 14 ni del 27 de la Constitución Española".

"Y ello por las siguientes razones: no se impide la enseñanza del castellano y no se dificulta ni obstaculiza la enseñanza del castellano", aseveraba.

En este sentido, se apunta que ninguno de los preceptos del decreto obliga a nadie a optar por la enseñanza en valenciano en detrimento del castellano. "Es decir, -prosigue- a nadie se le impide el que si quiere recibir la enseñanza mayoritariamente en la lengua castellana la reciba. Simplemente se deberá elegir por el centro que adopte el nivel educativo que mejor le convenza. A nadie se le obliga a elegir un determinado nivel", incide.

Para el ministerio público, "tampoco se ponen trabas a la enseñanza en castellano", ya que en el decreto no aparece que se requieran mayores requisitos para realizar los estudios en unos centros que en otros, pudiéndose elegir libremente.

El fiscal manifiesta que es cierto que, conforme aumenta el tiempo de enseñanza en valenciano, crecen las horas de inglés hasta en un 23 por ciento. "Podría considerarse -señala- como un estímulo a favor de la enseñanza en valenciano por cuento se le concederían más horas lectivas de inglés que si estudiase castellano y, en consecuencia, mejores titulaciones pero el tema se circunscribe a si ello lesiona el derecho a la igualdad. Entendemos que no por cuanto los alumnos y padres pueden elegir libremente el centro educativo".

"OPCIÓN DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA"

"Que, según el nivel que elijan, haya mas o menos valenciano, castellano o inglés no afecta al derecho fundamental del artículo 14. Se trata de una opción de política lingüística que constituye una cuestión de mera legalidad ordinaria que debe decidirse en el procedimiento adecuado. Otra cosa es que no sean del agrado del demandante los niveles establecidos en el decreto impugnado y prefiriese otros distintos pero ello no afecta a derecho fundamental alguno", insiste.

Sobre esta argumentación del fiscal, Escola Valenciana ha remarcado que "el decreto no obliga nadie a estudiar en valenciano" y, "de hecho, el artículo 4 respeta y reconoce el derecho a elegir la opción lingüística ante la Administración por parte de la ciudadanía, tal y como recoge la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià".

"Pensamos que es legítimo que el valenciano sea la lengua vehicular en la enseñanza para conseguir el verdadero plurilingüismo, cumplir con la legalidad y ofrecer igualdad de oportunidades a todo el alumnado. Es coherente que el Gobierno valenciano asegure el respeto hacia el valenciano y fomente el uso de la lengua propia para compensar la desigualdad histórica que padecemos", subrayan desde la entidad a través de un comunicado.

El decreto de enseñanza plurilingüe suma varios recursos y, por el momento, el TSJ ha acordado su suspensión cautelar en respuesta a tres de ellos: los presentados por la Diputación de Alicante, la Asociación para la defensa del castellano y USO CV. Por su parte, la propia Generalitat ha recurrido la paralización del decreto, así como otras entidades, entre ellas Escola Valenciana o STEPV.