"Lleva casi un año para resolver el procedimiento administrativo", ha indicado Antonio Granados en una nota tras el encuentro que ha mantenido con miembros de la plataforma vecinal de Santa Adela. Ha añadido que "todavía está por solucionarse el recurso presentado por una de las empresas que concursaron contra la adjudicación de las obras, lo que impide que empiecen los trabajos".

En un escrito presentado junto a la concejal Inmaculada Puche, Granados ha subrayado que los vecinos desconocen cuándo va a pronunciarse sobre esa cuestión el tribunal económico administrativo de contratos públicos de Granada y ha demandado al gobierno socialista que traslade "un informe de actuaciones, situación y calendario de trabajo" del citado tribunal para que este extremo quede resuelto "cuanto antes".

Mientras tanto, la zona se está convirtiendo "en un foco de insalubridad", pues, con el calor, "los malos olores se están haciendo insoportables y los vecinos ya han visto en la zona cucarachas y ratas". Los ediles 'populares', en el mencionado escrito, han reclamado "un plan especial de desratización y fumigación" en el entorno de las edificaciones pendientes de demolición y una "actuación especial de limpieza" en toda la zona.

Para el PP, es imprescindible proceder al cierre y tapiado de los edificios que están a la espera de ser derribados "porque hay muchos deterioros y porque algunos tienen ventanas abiertas en la planta baja en las que se están arrojando botellas y materiales diversos, lo que genera basura e incrementa el nivel de insalubridad".

El portavoz adjunto ha insistido en que, si el alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca, y su equipo hubieran "trabajado", no se habría llegado a esta situación. "Se comprueba una vez más que no son capaces de cumplir los plazos que se marcan, que estamos a merced de un gobierno que se caracteriza por la desidia y la falta de decisión", ha explicado Antonio Granados, que ha advertido de que estos retrasos pueden impedir la propia viabilidad del proyecto.

"El Gobierno central ya ingresó en julio del año pasado 4,2 millones para un proyecto finalista con un plazo de ejecución que, de incumplirse, podría implicar la devolución de esos fondos", ha agregado Granados.