El Ayuntamiento de Barcelona destinará 13 millones de euros, de los que 4,85 procederán de una aportación de la Unión Europea (UE) en el marco del proyecto B-Mincome, a una renta de inclusión para 1.000 familias del Besòs, la zona más desfavorecida económicamente de la ciudad. Se concederá a partir de septiembre y durante dos años y la iniciativa servirá como prueba piloto para estudiar cómo debería ser una ayuda de este tipo para que su eficiencia sea máxima.

Lo ha anunciado este miércoles la teniente de alcaldía de Derechos Sociales, Laia Ortiz, que ha explicado que el objetivo es que los hogares dispongan del "mínimo vital" necesario para habitar en la ciudad, que se calcula que es de entre 400 y 525 euros mensuales por persona, excluyendo la vivienda.

Habrá cuatro tipos de renta de inclusión, para comprobar cuál es la más eficaz, que también incluirán ayudas a la vivienda: las que exigirán que se participe en un plan de inserción laboral, las que no, las que serán compatibles con otros ingresos y las que disminuirán o se retirarán si se encuentra un empleo. En el caso de que se cobren otras ayudas, se restarán de la cantidad a percibir.

El Ayuntamiento, ha apuntado Ortiz, todavía tiene que "afinar" de qué cantidad será la renta mínima en cada caso, pero se calcula que una familia tipo de dos adultos y dos niños podría recibir entre 1.000 y 1.500 euros al mes.

Los beneficiarios de estas ayudas deberán ser usuarios de los centros de servicios sociales, del Servicio de Inclusión Social (SIS), participantes del programa Làbora o receptores de la renta para familias con hijos de hasta 16 años, a la que se destinaron 22 millones de euros en 2016 para cerca de 20.000 menores. Además, tendrán que acumular al menos dos años empadronados en la ciudad y residir en el eje Besòs, y una de las personas del hogar deberá tener entre 25 y 60 años.

Según datos municipales, en los 10 barrios del Besòs hay entre 4.000 y 5.000 familias que cumplen estas condiciones. Las 1.000 que se beneficiarán de esta prueba piloto se elegirán mediante sorteo.

Ortiz ha destacado que este proyecto es pionero en Europa, porque nunca se había comprobado el impacto de cuatro tipos de renta mínima, ni si desincentivan o no el acceso al mercado laboral.

Por otro lado, la teniente de alcaldía ha denunciado que la Generalitat y el Estado no están garantizando que todos los ciudadanos dispongan de unos ingresos mínimos y detalló que existen 68 rentas monetarias y otras 73 no monetarias de Govern y Estado –a las que se deben sumar las del Ayuntamiento–, lo que evidencia, en su opinión, una gestión de los recursos públicos que no es buena.

Ortiz ha apuntado, asimismo, que el espacio geográfico mínimo para activar esta renta mínima de inclusión sería el área metropolitana de Barcelona, pero que el idóneo sería toda Catalunya. También ha recordado que el Govern prevé impulsar la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), tras llegar a un acuerdo con las entidades impulsoras de la medida, y ha pedido que esta no excluya otras ayudas.

La renta mínima se combinará con cuatro tipos de planes públicos, en los que en algunos casos será obligatorio participar y en otros no: de ocupación municipal con la participación de entidades del tercer sector, de emprendeduría social, de ayuda a la rehabilitación de edificios para impulsar programas de convivencia y vivienda compartida y planes de colaboración en actividades comunitarias para impulsar la red relacional.