La formación ha señalado que la propuesta, además de ser "una idea nefasta políticamente", tiene "muchas posibilidades de ser ilegal y
anticonstitucional", según un comunicado.
Así pues, han defendido que tener que usar el catalán en rótulos, publicaciones, avisos y otras comunicaciones de carácter general que se deriven de las prestaciones objeto del contrato son propuestas "cercanas a una administración de escaso corte democrático". También han criticado que se amenace con resolver el contrato si se incumple.
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