La Administración de Justicia es uno de los órganos que despierta menos confianza entre la población, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Parte de la culpa de esta mala imagen está en la lentitud de los procesos legales. Desde el sindicato CSI-CSIF –mayoritario entre los funcionarios judiciales en Córdoba– se pone el acento en la escasez de personal.

Su presidente provincial, Aurelio Garrido, afirma que sería necesario un 30% más de plantilla. Los representantes de los trabajadores llegan a esta conclusión tras considerar que los 550 funcionarios que desarrollan actualmente su labor en los tribunales de Córdoba son una cifra «ridícula» en relación a «la enorme carga de trabajo que soportamos».

Garrido destaca la situación de los pueblos, que califica de «lamentable». Desde el sindicato incluso se afirma que hay juzgados que llevan 25 años con el mismo número de empleados en nómina.

Por su parte, la delegada provincial de Justicia y Administración Pública, Mercedes Mayo, considera «excesivo» pedir un incremento del personal del 30%.

No obstante, su departamento lleva tiempo trabajando con el Ministerio de Justicia para ampliar la plantillas en algunos juzgados de la provincia, donde también se han colocado refuerzos laborales para mejorar el servicio.

Excesiva dispersión

La falta de personal no es la única reivindicación de CSI-CSIF. El máximo responsable de este sindicato en la sección de justicia, Aurelio Garrido, apunta que «la dispersión que hay entre sedes judiciales genera un problema continuo a los funcionarios». Desde la Junta se opina, por el contrario, que esta circunstancia «no perjudica al servicio público de la Justicia».

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