Según información del Ejecutivo tras la reunión del Consejo de Gobierno, entre las funciones del nuevo órgano están informar sobre proyectos normativos en materia agroalimentaria; formular propuestas sobre el desarrollo y ejecución de la Política Agraria Común (PAC) en el ámbito competencial autonómico y en cuestiones de carácter agroalimentario; asesorar sobre los planes estratégicos en la materia; y recomendar iniciativas para la mejora de la actividad económica y el fomento de la competitividad del sector agroalimentario.

Además, se encargará de asesorar a la Administración autonómica en la definición de los objetivos de la política agroalimentaria; formular propuestas que fomenten la mejora del empleo, especialmente la incorporación de mujeres y jóvenes al sector; asesorar a la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales en cuestiones de interés sobre el sector agroalimentario.

El órgano, que implica a todos los sectores que intervienen en el proceso, estará presidido por la consejera de Desarrollo Rural y contará con representación de las asociaciones de la industria y la distribución agroalimentaria, las asociaciones de consumidores, la Federación Asturiana de Concejos, las cooperativas agroalimentarias, los consejos reguladores de las marcas de calidad, las organizaciones profesionales agrarias y los grupos de desarrollo rural, entre otros.