Hernández, tras la sesión para cuestiones previas celebrada el pasado día 26, aseguró en declaraciones a los medios que los socialistas "siempre han tenido a su disposición toda la información" que ha requerido al equipo de gobierno que preside y afirmó que detrás de la denuncia que ha dado lugar a su enjuiciamiento por presunto delito contra los derechos cívicos hay "una mala intencionalidad bastante importante".

La Fiscalía considera que Hernández habría "impedido constante, real y efectivamente la labor de oposición" del concejal y portavoz del grupo municipal del PSOE, José Luis Amérigo, no dándole "acceso" a información sobre diversos expedientes de contratación y adjudicación de servicios municipales.

El escrito de acusación concreta que a Amérigo, impulsor de la denuncia que ha dado lugar al procedimiento penal, se le habrían notificado las actas de las juntas de gobierno "en plazo superior a dos meses, muy superior al plazo legal de diez días".

Subraya, en esta línea, que el regidor le habría "impedido", asimismo, "de forma sistemática" el acceso a la información en 21 ocasiones, por lo que concluye la Fiscalía que su actuación supuestamente "ha impedido la actividad fiscalizadora ejercida por la oposición".

La Fiscalía subraya que, a "todas estas", Hernández habría dado la "misma contestación" en la que concedía el acceso a la consulta solicitada y comunicaba al PSOE que se "pondrían en contacto para informarle del día y de la hora en la que el personal responsable, según la disponibilidad del servicio y sin entorpecimiento del mismo, podrían atenderle para la citada consulta", sin que, según destaca, llegara a producirse este extremo "en ninguno de los casos tal y como consta en la certificación del secretario municipal" que obra en la causa.