El Govern de Catalunya e impulsores de la ILP han desencallado la negociación para crear la renta garantizada de ciudadanía (RGC) y han llegado a acuerdos en ámbitos en los que no existía consenso hasta ahora, a la espera de que la comisión promotora de la ILP ratifique que está de acuerdo este jueves en una reunión, han explicado este miércoles fuentes de ambas partes.

Desde la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat se habla de "principio de acuerdo" y prevén presentar el lunes el preacuerdo, que establece que inicialmente la RGC será compatible con el trabajo parcial solo para familias monoparentales con rentas bajas, para generalizarlo posteriormente, aunque no especifica cuándo se universalizará, como pedían los impulsores.

La Comisión impulsora ha corroborado que han llegado a un "amplio consenso" en temas en los que habían diferencias, pero están pendientes de la redacción final del documento, por lo que han llamado a la paciencia.

CC.OO. de Catalunya ha celebrado "el principio de acuerdo" de creación de esta renta, plasmado en un documento que la Conselleria ha hecho llegar a la Comisión -aunque a la espera de que esta lo valide-, este miércoles en un comunicado.

Ha pedido que se traslade "urgentemente" a una propuesta del articulado de la Ley de la RGC, que se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria, y ha avisado de que si no se hace con celeridad, la renta no podrá entrar en vigor el 15 de septiembre, como habían previsto.

El sindicato ha destacado el valor de la RGC "como herramienta esencial para luchar contra la pobreza y la exclusión social", aunque ha lamentado que el texto tiene limitaciones para afrontar la pobreza vinculada a las rentas de trabajo insuficientes.