La asociación conservacionista Ecologistas en Acción ha remitido una carta a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, pidiendo la paralización del proyecto minero de Aznalcóllar (Sevilla) y recordándole al respecto que este martes se cumplen 19 años del desastre en el que la balsa de residuos que la multinacional Boliden mantenía en la minas de este entorno se rompió liberando al cauce del Guadiamar más de seis millones de metros cúbicos de lodos y aguas tóxicas, envenenando la llanura de inundación del río Guadiamar en más de 60 kilómetros y llegando al Espacio Natural de Doñana.

Se le recuerda a su vez, según informa Ecologistas, que la retirada de lodos y la restauración ambiental de la zona costó 100 millones de euros que han sido sufragados exclusivamente por el erario público "sin que se haya podido cobrar ni un euro a la empresa responsable".

"Fue una catástrofe anunciada, con múltiples denuncias previas de Ecologistas en Acción, alertando del peligro de rotura en los medios de comunicación y ante las administraciones competentes, que debía servir, al menos para que la historia no se repita", señalan.

Para los ecologistas, la reapertura de la mina de Aznalcóllar supone que "no aprendemos de los errores cometidos y, además, la forma chapucera en la que se intenta realizar nos indica que de nuevo puede originarse una catástrofe similar o mayor, porque los controles administrativos del proceso de control y autorización vuelven a ser mínimos y se dan claros indicios de ilegalidades que a la larga se tornarán en deficiencias en los procesos productivos y se volverá a detectar escasa garantía ambiental".

La personación del colectivo en el Juzgado número 3 de Sevilla, en el proceso judicial sobre las irregularidades del concurso de adjudicación que se resolvió en marzo de 2015, "nos ha permitido acceder en la pasada semana a una documentación que nos alarma; de esta documentación se concluye que no existe ninguna resolución de otorgamiento a la empresa minera Los Frailes de permiso de investigación de la zona: es decir, los trabajos de investigación minera que se están realizando en la mina de Aznalcóllar no están amparados en ningún título de derecho minero y, por tanto, se están realizando al margen de toda la legalidad minera existente".

Ecologistas en Acción lleva solicitando esa información desde el 11 de diciembre de 2015, "sin que hasta la fecha hayamos recibido respuesta satisfactoria".

La carta a la presidenta incide en que los trabajos mineros que la empresa minera Los Frailes desarrolla en el recinto de Aznalcóllar se realizan en base, exclusivamente, a la resolución del concurso minero al Grupo Minorbis-Grupo México, "que se resolvió a toda prisa en marzo de 2015, simplemente por intereses electoralistas del Gobierno que Díaz preside".

"Pero esa resolución del concurso no ampara los trabajos de investigación, sino que lo único que da es preferencia para que una empresa, o grupo, solicite y tramite los permisos correspondientes, y esos permisos no los ha solicitado nadie. Lo único que se ha tramitado es una autorización de junio de 2016 para un Plan de Restauración de un Permiso de Investigación que legalmente no existe", manifiesta Ecologistas.

Además, esas labores de la citada autorización de junio de 2016 tenían una duración fijada de ocho meses, desde que la empresa ingresó un "ridículo" aval de 6.778,96 euros: por ello, "entendemos que dicha autorización ya está vencida".