Tribunales.-La acusación pide dos años de cárcel al exgerente de Mercacórdoba e inhabilitación para la entidad

  • La acusación particular pide al exgerente de Mercacórdoba una pena de dos años de cárcel y multa por 10.800 euros y a la entidad municipal una pena de 100.000 euros e inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social por un plazo de dos años, por la supuesta comisión de delito contra la propiedad intelectual en su modalidad de plagio de un proyecto de obras de infraestructura de la red de telecomunicaciones de Mercacórdoba en 2012.

Según ha informado a Europa Press el abogado de la acusación, Jorge Vila, en la labor de "defensa proactiva de los derechos de autor, amparada por la vulnerada Ley de Propiedad Intelectual", se ha sumado, desde el principio, el Colegio de Ingenieros Técnicos y Peritos de Telecomunicación de Cataluña junto con quien suscribe, además de la Fiscalía. "La respuesta crítica y reactiva ante el plagio de esa obra en el sector de la ingeniería, a través de sus plataformas sociales 2.0., ha sido clamorosa desde que, en el año 2013, se interpuso la denuncia", ha subrayado.

En este sentido, supuestamente se ha copiado y comunicado "públicamente, sin autorización y con ánimo de lucro", una obra de ingeniería de telecomunicación titularidad de una empresa privada barcelonesa, Argelich Network Management Services SL. Así, el Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba declaró, en un auto de 2015, que "sí existían indicios racionales de la comisión por ese mercado de abastos público y de su entonces gerente de un delito consumado contra la propiedad intelectual, modalidad de plagio".

Recientemente han adquirido la condición de encausados en el procedimiento abreviado, tal y como confirmó el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, que pide la imposición de pena a Mercacórdoba de una multa de 100.000 euros e inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, por un plazo de un año y seis meses, al tiempo que solicita el mismo periodo de tiempo en la cárcel al exgerente, quien tomó supuestamente "esa decisión plagiadora y pluriofensiva".

Entretanto, el letrado de la acusación particular ha resaltado que "el verdadero hito estriba en que una empresa pública sea, por primera vez, capaz de asumir una pena de plagio".

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