El Consejo de Cuentas, que es una institución autonómica que depende de las Cortes, se encarga de fiscalizar la gestión económica y financiera del sector público de la comunidad y de las entidades locales, labor que realiza mediante la emisión de informes de fiscalización. En concreto el volumen de fiscalización alcanza aproximadamente 14.000 millones de euros.

Silvia Clemente, durante la entrega de la Memoria de actividades 2016, ha animado al presidente del Consejo de Cuentas a seguir realizando estas auditorías porque "garantiza" al ciudadano que los recursos económicos "se están gestionando de forma eficiente", en una época en la que la sociedad demanda mayor transparencia de las instituciones.

Clemente también ha mostrado su confianza en que los entes auditados sigan las recomendaciones de esta Institución.

Todas las auditorías realizadas el pasado año, salvo la referida a la contratación administrativa de la Comunidad, ya han sido presentadas por el presidente del Consejo de Cuentas, Jesús Encabo, ante los distintos Grupos Parlamentarios en la Comisión de Economía y Hacienda.

El pasado año, el máximo responsable de esta Institución compareció en ocho ocasiones para informar sobre 21 fiscalizaciones.

Parte de los informes de fiscalización que realiza el Consejo de Cuentas son de carácter obligatorio y anual.

En concreto son Cuenta General de la Comunidad, Fondo de Compensación Interterritorial, Contratación de la Administración autonómica, Informe sobre las cuentas del Sector Público Local e Informe de Seguimiento de Recomendaciones.

Dentro de los trabajos de mandato legal, el relativo al seguimiento de las recomendaciones del Consejo de Cuentas es un informe novedoso que se realiza en Castilla y León. En él se destaca que, en 2015, las distintas administraciones auditadas aplicaron de forma íntegra o parcial 51 de las 150 recomendaciones emitidas, lo que supone un 34 por ciento.

Otro grupo de auditorías se refieren a asuntos de especial interés económico y se denominan "fiscalizaciones especiales".