En declaraciones a Europa Press, el consejero del ramo, José Fiscal, se ha felicitado de esta resolución "como de todas las que vengan a dar la razón a la Junta en algún matiz, dentro de los muchos que hay", incidiendo al respecto en la "certeza" de que las decisiones del caso acabarán con la demolición del complejo.

Dentro de la "maraña" existente en este asunto, la colaboración entre la Junta y el Estado es plena, una vez pasado el periodo de 'parón' que se dio cuando el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente permaneció en funciones. Y es que, ha manifestado, la voluntad de retirar el edificio de la playa es "clara" por parte del Ministerio y la Junta.

Sin embargo, aduce, "queremos hacerlo con la máxima seguridad jurídica para que después no acabe haciéndose mal". "Es razonable pensar que se está tardando en la resolución, pero los aspectos jurídicos impiden una mayor agilidad", ha concluido.

En su resolución, consultada por Europa Press, el Consultivo añade que, cuando la Junta andaluza resolvió ejercer el derecho de retracto sobre las fincas sobre las que se alzó el inmueble de una veintena de plantas y 411 habitaciones en 2006 por 2,3 millones de euros, "ya resarció" a Azata "del valor de lo que invirtió en su momento al comprar el suelo como urbanizable y, en tal concepto, hizo su pago a los vendedores".

El órgano respalda así que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio desestimase la reclamación patrimonial interpuesta por Azata del Sol, que pidió 70.042.712 euros, y Azata Patrimonio, que solicitó por daños 28.811.649,93 ya que, según remarca, "el daño invocado por las entidades reclamantes carece del requisito de antijuridicidad".