En una nota, el popular ha advertido de que "este hecho supone una sombra más de sospecha de todo lo relacionado con este caso", puesto que "es demasiada casualidad que en pleno proceso de investigación judicial no se encuentre ni un sólo documento en papel o en formato digital relativo a la contabilidad de la Fundación puesta en cuestión", ha subrayado.

El diputado del PP ha hecho un llamamiento al secretario general del PSOE de Córdoba, Juan Pablo Durán, "para que aclare de una vez la vinculación de su partido con esta fundación, presidida por el entonces secretario general de Juventudes Socialistas (JSA) en Córdoba capital y su madre, y tras encontrarse también en calidad de investigada quien fuera número dos de JSA junto a Menacho, Alejandra Pérez".

Además, desde el PP instan a la Junta de Andalucía a personarse como perjudicada en los Juzgados de Córdoba. "Lo hemos pedido reiteradas veces en el Parlamento de Andalucía y lo seguiremos haciendo", ha defendido Miguel Ángel Torrico.

EL CASO DEL ASESOR

Mientras tanto, el asesor fiscal de la fundación ha asegurado ante la juez que "el sistema informático de la asesoría había sido hackeado y que se ha perdido toda la información, no sólo de la Fundación Guadalquivir, sino del cerca del medio millar de clientes que tiene en cartera", según ha adelantado la prensa provincial.

Al respecto, este supuesto ataque de un pirata informático a los archivos, que presuntamente se produjo a finales de marzo, fue denunciado ante la Policía por el asesor fiscal después de que el Juzgado le hubiera solicitado toda la documentación, según han confirmado a Europa Press fuentes judiciales.

Igualmente, el asesor fiscal ha dicho que no ha visto "cosas raras", pero no ha descartado que haya habido "algunas equivocaciones en la gestión", según fuentes judiciales, aunque no le consta que haya habido mordidas, ni que haya habido enriquecimiento ilícito, según las fuentes.

Asimismo, ha comentado que "normalmente" la persona que llevaba a la asesoría "los papeles sin ordenar" era el vicepresidente, pero el asesor también tenía contacto con la presidenta, según las fuentes, que han añadido que en su testimonio ha manifestado que "se limitaba a pasar apuntes de las cuentas" de la entidad.

SUPUESTA "EXTORSIÓN" A TRABAJADORES

Por su parte, el parlamentario andaluz de Podemos Juan Ignacio Moreno Yagüe ha ratificado este jueves ante la juez la denuncia sobre el supuesto cobro de mordidas a desempleados con cargo a los contratos de un programa de empleo público que abonaba la Junta de Andalucía en la Fundación Guadalquivir Futuro de Córdoba, en la que "la figura presuntamente delictiva es clara en el sentido de que estaban extorsionando a trabajadores".

Así lo ha manifestado a los periodistas a la salida del Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba, donde ha comparecido en calidad de testigo, junto a un asesor fiscal, también como testigo, y el vicepresidente de la Fundación Guadalquivir, en este caso en calidad de investigado, todo ello después de que Podemos presentara una ampliación de su denuncia.

En este sentido, Yagüe ha realizado "algunos aspectos de comprobación de la documental aportada", a la que, como parlamentario, han accedido con "los expedientes de la Consejería de Empleo y confirman que hay unos hechos que los trabajadores comunicaron en sus peticiones de ayuda para que se interpusiera denuncia porque constituyen simples mordidas en los salarios que se pagaban con las subvenciones públicas".

Según ha indicado, "en la ampliación de denuncia se relacionaban más hechos y más sociedades", y se apuntaba, "porque no había pruebas, pero se intuía la posibilidad de que hubiera más asociaciones o entidades jurídicas que funcionaban de la misma forma en Córdoba y en relación a la Consejería de Empleo".

Por ello, Podemos ha pedido en el Parlamento que "se facilite toda la documentación de los planes de empleo 2015 y 2016", con el fin de "ver si realmente las sospechas que hay se confirman", a lo que ha añadido que "es una documentación que tiene que aparecer, porque son expedientes de concesión de subvenciones y no se pueden negar".

Igualmente, ha explicado que parte de los trabajadores "tenían miedo" a denunciar los hechos y ha advertido de que "se utilizaba a los trabajadores para cosas distintas a su labor, como ir a mítines del PSOE, limpiar casas particulares y no espacios públicos ni locales", entre otros aspectos que ha señalado, para mantener que "se utilizaba a las personas más allá de los fines estrictamente contractuales y laborales".

VICEPRESIDENTE "CONTRADICTORIO"

Por su parte, el vicepresidente de la Fundación Guadalquivir Futuro ha realizado una declaración "muy contradictoria", según las fuentes, que han puntualizado que él ha dimitido "hace tiempo" y que "no tenía constancia de mordidas, pero sí de donaciones voluntarias", todo ello sin hacer mención a otros investigados, a excepción de la presidenta, Ángeles Muñoz, según las fuentes.

En este caso, la presidenta de la entidad negó ante la juez a principios de marzo las acusaciones que se recogen en la denuncia del grupo parlamentario, de tal modo que manifestó a los periodistas que "donde no hay, no hay", y aseveró que fue "bien" la declaración, al tiempo que subrayó que "Podemos lo único que ha presentado han sido los recortes de prensa".

Igualmente, han declarado el ex secretario general de Juventudes Socialistas de Andalucía (JSA) en la capital cordobesa Cristian Menacho y Alejandra Pérez, quien fuese número dos de las Juventudes Socialistas en la capital, ligados a la Asociación Jóvenes para el Futuro y la Asociación Vecinos Nuevo Guadalquivir, y que han negado los hechos, defendiendo que no tienen "ninguna responsabilidad" en la denuncia, según apuntaron fuentes judiciales.

También a principios de marzo, el diputado del grupo parlamentario de Podemos por Córdoba, David Moscoso, quien abandonó los juzgados perseguido por numerosas personas del Polígono Guadalquivir pegando gritos de "ladrón, le quitas de comer a los pobres", ratificó ante la juez la denuncia sobre las supuestas mordidas de los salarios de los empleados y la amplió con "un audio de 45 minutos donde los trabajadores señalan a determinadas personas con cierta vinculación con el PSOE de Córdoba".