Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, así como la patronal del sector, han criticado la "dejadez" de la Junta de Castilla y León a la hora de hacer cumplir la reforma del Estatuto del Consumidor que aprobaron las Cortes que obligan a que todas las estaciones de servicio tengan al menos un trabajador para atenderlas, al tiempo que han amenazado con movilizaciones en caso de que el Ejecutivo regional no garantice el respeto a la normativa.

Así lo han advertido en una rueda de prensa ofrecida este miércoles en la sede del Consejo Económico y Social de la Comunidad, en la que han cifrado en medio millar los empleos que se han dejado de generar en el sector por la apertura de 120 de estas gasolineras desatendidas, mientras que en el conjunto nacional han estimado en 2.700 los puestos de trabajo perdidos entre 2015 y 2016 por la instalación de estos establecimientos.

Por ello, el secretario de CCOO Industria en la región, Gonzalo Díaz, ha advertido de que los sindicatos iniciarán movilizaciones si en un plazo "razonable" no reciben respuesta a la carta enviada al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, el pasado 23 de marzo, en la que exigen el cumplimiento de la ley.

Estas movilizaciones podrían llegar incluso a jornadas de paros, algo que contaría con el apoyo de los propios empresarios, según ha señalado el vicepresidente y portavoz de la Asociación de Estaciones de Servicio de Castilla y León (Avecal), Rafael Pizarro, quien considera que los sindicatos tienen, en este caso, "razones de sobra para ir a la huelga".

Gonzalo Díaz ha advertido, además, de la dificultad para que en estas gasolineras desatendidas se cumplan las medidas de seguridad exigidas en cualquier estación de servicio, ya que "no hay nadie para comprobar que el cliente que se sirva en un bidón lo haga en un homologado según dicta la ley", que "no se fume ni se hable por el móvil" y que se reposte "con el motor y las luces apagadas".

Asimismo, el representante de CCOO ha apuntado que al no haber personal que las atienda, las inspecciones para comprobar que no hay fraude en los dispensadores "deben anunciarse previamente", lo que a su juicio anula el objeto de las mismas.

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Por su parte, Rafael Pizarro ha subrayado que se trata de una cuestión de "protección al consumidor", pues en las estaciones de servicio se vende un producto "altamente tóxico y peligroso", por lo que ha advertido del riesgo de tener que lamentar un accidente algún día en este tipo de gasolineras.

Por ello, el portavoz de Avecal se ha negado a considerar empresarios a los promotores de estas estaciones de servicio, sino "inversionistas", pues "no generan empleo, sólo instalan la máquina y recogen los beneficios".

Además, Pizarro ha apuntado que ya antes de la reforma del Estatuto del Consumidor, las gasolineras sin personal "incumplían la ley", pues en 1995 la Junta aprobó un decreto que obligaba a los empleados a supervisar el cumplimiento de la normativa de seguridad, algo que ellas no pueden hacer al carecer de empleados.

Por otro lado, el secretario autonómico de FICA-UGT, Miguel Ángel Fierro, ha advertido de que vigilarán que el personal contratado esté formado para atender estaciones de servicios y estén acogidos al convenio colectivo del sector.

En cuanto a la situación de las cooperativas agrarias que cuentan con sus propios dispensadores automáticos de combustible para sus socios, el vicepresidente de Avecal ha advertido de que éstas "deben cumplir la ley" como cualquier ciudadano y les ha recordado que están "muy bien tratadas" por la Administración.

Según han explicado, Castilla y León cuenta con cerca de 900 estaciones de servicio que dan empleo a unos 2.500 trabajadores, de las que sólo 150 carecen de personal.

A la rueda de prensa han acudido, para respaldar estas reclamaciones, los líderes regionales de UGT y CCOO, Francisco Temprano y Ángel Hernández, y de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale), Santiago Aparicio.