La Subdelegación recomienda a las comunidades de propietarios acudir a la justicia en caso de ocupación ilegal

Toscano ha trasladado a la subdelegada la preocupación de la COAF y sus representados por la ocupación ilegal de viviendas, una problemática con especial incidencia en los municipios de la costa onubense "y que conlleva problemas de seguridad y salubridad, al afectar tanto al orden público como a la convivencia entre los vecinos al producirse enganches ilegales a la luz o al agua que acaban costeando los propietarios".

El presidente del COAF ha abogado por establecer un protocolo de actuación para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) "actúen con determinación", especialmente en aquellos casos vinculados a colectivos o individuos "que extorsionan a los legítimos propietarios para sacar provecho económico".

Además, Toscano ha lamentado la actitud de entidades bancarias propietarias de viviendas "que no han atendido sus obligaciones y han dejado multitud de edificios abandonados y sin que nadie responda por ellos".

En este sentido, Grávalos ha recordado que para combatir la ocupación ilegal de viviendas es "clave e imprescindible" la pronta denuncia de los propietarios, a fin de que se pueda agilizar la labor de la Justicia, se lleven a cabo juicios rápidos y se impongan las medidas cautelares necesarias "que permitan la actuación de los Cuerpos de Seguridad para llevar a cabo de forma inmediata los desalojos".

"La Policía Nacional o la Guardia Civil no puede ir a una vivienda y desocupar a las personas que han entrado de forma ilegal sin que antes exista una denuncia por parte de sus propietarios y una decisión judicial que permita el desalojo", ha remarcado la subdelegada.

Asimismo, Grávalos ha apostado por una mayor colaboración y coordinación con jueces y fiscales para agilizar todo el proceso, al tiempo que ha pedido a los administradores de fincas colegiados "que transmitan a los propietarios la necesidad de denunciar para poner en marcha todos los mecanismos que existen para combatir la ocupación ilegal de viviendas".

Por último, la subdelegada y el presidente del COAF han coincidido en resaltar la necesidad de una "interlocución directa y fluida" entre las administraciones y el Colegio para responder a las inquietudes de los onubenses y "sumar fuerzas" para garantizar los derechos y deberes de los ciudadanos.