La portavoz del Gobierno murciano, Noelia Arroyo
La portavoz del Gobierno murciano, Noelia Arroyo EUROPA PRESS

Así lo ha hecho saber la portavoz del Ejecutivo murciano, Noelia Arroyo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y al ser preguntada por la situación procesal del presidente de la Administración regional, investigado en dicho proceso. En concreto, ha precisado que el documento presentado por la defensa de Sánchez cuenta con 34 páginas que se han estructurado en 11 puntos.

Entre los fundamentos que justificarían el archivo de la causa, la defensa de Sánchez esgrime en primer lugar que ya existe una sentencia de la magistrada del Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Murcia que "respalda la legalidad de la adjudicación". Textualmente, el escrito de la defensa alega que esta sentencia resulta "trascendental" porque valida "la legalidad del acto administrativo".

El escrito que ha presentado la defensa de Pedro Antonio Sánchez también se apoya, entre otros argumentos, en algunos autos dictados recientemente como el emitido el pasado 8 de marzo por la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJMU que indica que la doctrina del Tribunal Supremo (TS) señala que el control de la legalidad de los actos administrativos corresponde a la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo.

A la jurisdicción Penal, por el contrario, "corresponden exclusivamente los actos que constituyan legalidades severas y dolosas que supongan un antecedente y un ataque consciente y grave de los intereses que las normas pretenden proteger", tal y como ha precisado Arroyo.

Por último, el documento refleja que la doctrina del Tribunal Supremo recoge que "no es de recibo una sistemática criminalización de todos los actos de la administración", y que un tribunal Penal "no puede decidir una resolución que integre delito de prevaricación administrativa".

La defensa de Sánchez también llama la atención, por ejemplo, sobre el hecho de que "miembros del PSOE que en su día conocieron perfectamente la existencia de actuaciones administrativas, no recurriesen la adjudicación de la obra y pretendan ahora, en vía penal, unos resultados que ni siquiera intentaron lograr por la vía contencioso-administrativa".

Por último, el escrito de la defensa de Sánchez también recupera jurisprudencia del Tribunal Constitucional que refleja que la existencia de pronunciamientos contradictorios en las resoluciones judiciales de los que resulte que unos mismos hechos "ocurrieron y no ocurrieron", no solo son incompatibles con el principio de seguridad jurídica sino también "con el derecho a la tutela y la firmeza de los pronunciamientos judiciales".

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

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