Todo ello, "sin tener en cuenta la condición social, cultural o económica" del paciente, "garantizando así el acceso de la ciudadanía a una cartera de servicios con todas las prestaciones sanitarias públicas", ha recalcado Diego Ferrera en rueda de prensa.

Se trata de unos principios que "se vieron rotos" cuando el Gobierno del PP, con su mayoría absoluta, aprobó el real decreto ley 16/2012 por el que "se les excluye el derecho a una asistencia sanitaria a aquellas personas extranjeras que residen en nuestro país e implantando copagos como el farmacéutico o la limitación a solo 90 días la cobertura sanitaria de los jóvenes que tienen que marcharse fuera".

Tras superar a mediados de febrero el debate de totalidad ante el Pleno del Parlamento tras rechazarse, con los votos de PSOE-A, Podemos, Ciudadanos e IULV-CA, la enmienda a la totalidad, con propuesta de devolución, planteada por el PP-A, la norma seguirá a partir de ahora su tramitación en comisión parlamentaria.

Además, con este proyecto de ley la participación se refuerza con la creación de nueve foros de diálogo, uno por cada provincia y otro de carácter regional encargado de la coordinación, que han contado con la participación de las 49 sociedades científicas profesionales existentes en Andalucía, donde se han creado 63 grupos de trabajo, los cuales han elaborado 69 informes de alegaciones. De las mismas, ya se han incorporado al texto del proyecto de ley casi el 45 por ciento, tras la participación en estos grupos de 861 personas, 527 profesionales del sistema sanitario andaluz.

"RECORTES" DEL PP

Ferrera ha lamentado que el PP "haya aprovechado la crisis para hacer una política claramente ideológica con los servicios públicos en España", y ha puesto como ejemplos leyes como la LOMCE o la Ley Mordaza, provocando "su debilitamiento al recortar su financiación de manera importante como es el caso de la sanidad pública que se vio afectada por un recorte de mas de 7.000 millones de euros en la pasada legislatura a nivel nacional", lo que hizo que "más de 28.500 profesionales sanitario se quedasen sin trabajo".

Por todo ello, ha culminado que este proyecto de ley "tiene por objetivo blindar y evitar el sistema, sobre todo ante momentos de incertidumbre económica como los vividos durante estos años y protegerlo de los ataques desproporcionados que están llevando a cabo por partidos políticos y otros sectores que solo esconden intereses económicos".

Por último, ha realizado un llamamiento al PP para que "recapacite y abandone el uso partidista de la sanidad pública como elemento de crispación política que solo produce desasosiego en la ciudadanía y, por lo tanto, algo con lo que no se debe jugar", a lo que ha añadido que "si al PP realmente le preocupa la sanidad pública, universal y gratuita, ahora tiene la oportunidad de trabajar de manera clara y decidida para blindarla a través de este proyecto de ley en el tramite parlamentario aportando iniciativas a favor de encontrar el mayor consenso posible entre todos".