Según ha indicado Crespín, "una vez más, la comunidad autónoma a la vanguardia, a la cabeza de las políticas sociales en este país, fruto del compromiso del Gobierno de Susana Díaz por consolidar y mejorar unos servicios públicos de calidad a las personas dentro del Estado del Bienestar".

La delegada ha indicado que "Andalucía avanza con una Ley pionera que brinda prestaciones y universaliza servicios" y ha subrayado que "la apuesta del Gobierno andaluz es establecer unas prioridades que se basan en legislar e invertir, como queda patente en esta Ley".

Crespín ha incidido en "la normalización, la universalización de las prestaciones y conseguir una administración más eficaz y eficiente, mediante la descentralización para que los ayuntamientos puedan atender con criterios de calidad y rapidez".

Asimismo, ha destacado "los parámetros de investigación e innovación a los que hace referencia la Ley, así como el protagonismo de los profesionales, la transversalidad con otras políticas y la importancia de la participación para una más y mejor atención a las personas".

Córdoba cuenta con 27 centros de participación activa, con cerca de 60.000 asociados que realizan anualmente casi 11.000 horas de talleres de promoción de la autonomía personal.

En cuanto al servicio de Ayuda a Domicilio, la Junta de Andalucía ha incrementado el número total de horas respecto al año anterior en la provincia, pasando de las 299.038 horas a finales de 2015 a las 335.467 registradas en enero de 2017, es decir, un incremento de 36.429 horas.

"APUESTA CLARA"

Este incremento, además de "evidenciar una apuesta clara" por esta prestación, tiene como consecuencia directa la creación de puestos de trabajo, algo muy importante especialmente en el entorno rural. En este sentido, se estima que esta prestación en Córdoba está generando 41.933 jornadas laborales, 4.553 más que a cierre de 2015.

Por su parte, la secretaria general de Servicios Sociales, Purificación Gálvez, ha señalado que "la nueva Ley reconoce una amplia relación de derechos, como el de la persona a decidir su propia intervención y a disponer de un profesional de referencia, así como a dejar constancia de su voluntad anticipada sobre los recursos que quiere recibir en previsión de una futura limitación de su capacidad de obrar".

La ley blindará las prestaciones básicas a la que podrá acceder la población andaluza, universalizará los servicios sociales, que conforman el cuarto pilar del Estado del bienestar, y garantizará la titularidad y la gestión pública de los servicios sociales comunitarios.

Por otra parte, Luna ha recordado que este texto "goza de una amplia participación, ya que ha sido objeto de debate por parte de los agentes económicos y sociales, colectivos profesiones, entidades del tercer sector, así como los grupos políticos, que han registrado sus aportaciones".

En este sentido, la delegada de Igualdad ha recordado que "esta participación ha permitido que a lo largo de su debate se haya ampliado la cartera inicial de servicios garantizados como derechos subjetivos con la incorporación de la ayuda a domicilio, los equipos de tratamiento familiar, las situaciones de emergencia, el alojamiento alternativo y servicios relacionados con programas de drogodependencias, principalmente".

ANTECEDENTES Y NOVEDADES

La nueva ley sustituye a la norma vigente desde 1998 e incluye otros servicios novedosos considerados también derechos subjetivos como la historia social única digitalizada y una tarjeta social universal para cada persona dentro del sistema. Ambos serán instrumentos claves para la gestión del sistema. Igualmente novedosa es la incorporación de la perspectiva deontológica y el impulso a la investigación mediante la creación de órganos específicos.

Uno de los avances destacados de la ley es que se potencia el sistema de los servicios sociales comunitarios de los ayuntamientos como la puerta de entrada a la que se dirigen los ciudadanos y dónde se tramitan prestaciones destacadas como la dependencia, las medidas del Decreto de Inclusión, el programa de ayuda a la contratación o suministros vitales básicos y las prestaciones de urgencia social.

Respecto al catálogo de prestaciones garantizadas, destacan los servicios de información, valoración, orientación y asesoramiento; la teleasistencia; la atención en urgencia social; los servicios específicos de protección de menores en situaciones de riesgo o desamparo; las prestaciones económicas específicas y directas contra la exclusión y para la erradicación de la marginación y la desigualdad; la protección jurídica y social de personas con capacidad limitada, y las prestaciones ligadas a las situaciones de dependencia.

Según el texto de la ley, se reserva a la consejería competente en materia de servicios sociales, la gestión directa de los mismos y de las prestaciones de los servicios de valoración, orientación y asesoramiento, protección y adopción de menores, entre otros.

Por otro lado, la norma recoge la creación de la historia social única, digitalizada y universal, una herramienta electrónica que permitirá mayor coordinación de los profesionales. También para una mejor gestión de los servicios, se crea la tarjeta social electrónica para todos los andaluces.

SERVICIOS SOCIALES TERRITORIALES

La ley distingue entre Zonas Básicas de Servicios Sociales -antes denominadas Zonas de Trabajo Social- y Áreas de Servicios Sociales, dependiendo del territorio donde actúan. Así, en la Zona Básica se estructuran las prestaciones y recursos de los Servicios Sociales Comunitarios y aquellos que por su complejidad y necesidad precisen una mayor cercanía a donde viven las personas. En cuanto al Área de Servicios Sociales, habrá al menos una por provincia e integrará las prestaciones y recursos de los Servicios Sociales Especializados.

La ley, por otra parte, establece que, en igualdad de condiciones, las administraciones públicas priorizarán la colaboración con entidades de iniciativa social como fundaciones, asociaciones, organizaciones de voluntariado y entidades sin ánimo de lucro, entre otras. Según el texto de la norma, se prohíbe a la iniciativa privada y social la posibilidad de crear centros o servicios reservados o que desempeñen funciones reservadas exclusivamente a la iniciativa pública.

ÉTICA E INVESTIGACIÓN

La nueva Ley de Servicios Sociales prevé la creación del Comité de Ética de los Servicios Sociales de Andalucía y la elaboración de un código ético. La norma contiene también elementos novedosos en el ámbito de la investigación, incluyendo el compromiso de desarrollar una estrategia que permita introducir los principios éticos en la provisión de los servicios sociales. Con esta finalidad, se crearán la Red Andaluza de Investigación de Políticas Sociales y la Red de Agentes del Conocimiento en Políticas Sociales.

Por último, la ley, que entrará en vigor una vez publicada en el BOJA, persigue, entre otros fines, una administración más eficiente y eficaz y una atención integral y coordinada a las personas que accedan al Sistema Público de Servicios Sociales. Además, pretende dotar de mayor transparencia a los servicios y prestaciones que se ofrecen y fomentar la cultura de calidad y seguridad en el Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía.

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