Así lo ha puesto de manifiesto en declaraciones a Europa Press, el presidente de la Asociación de Vecinos de Marismas del Odiel, Matías Lazo, que ha señalado que, tras la reunión con el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, este martes, han decidido finalmente aplazar la asamblea y en lugar de este miércoles, celebrarla el jueves para tener más tiempo para organizarla.

Lazo ha recordado el malestar entre los vecinos por la propuesta de la Junta, que les ha planteado, en caso de no poder asumir la adjudicación de las viviendas en propiedad, la posibilidad de un alquiler social, con un precio entre los 40 y 50 euros mensuales, o bien, la alternativa de un alquiler con opción a compra en el futuro.

Analizar las opciones y tomar una decisión al respecto es uno de los objetivos de esta asamblea a la que está previsto que acudan los

los beneficiarios de estas viviendas, que ya les fueron adjudicadas por sorteo, pero de las que aún no son titulares.

El representante vecinal ha incidido en que el programa se denomina 'Casa por Casa' puesto que "los vecinos dejábamos nuestras casas y el terreno por otras casas; eso era lo acordado", incidiendo en que el planteamiento de la Junta no les convence.

No obstante, algunos de los beneficiarios se plantean la opción del alquiler social para poder entrar ya en las viviendas y dejar sus actuales casas, que no reúnen condiciones óptimas de habitabilidad. Así lo ha explicado a Europa Press Dolores Gallardo, la nieta de los ancianos

afectados el pasado viernes por el incendio de su vivienda, ubicada en la barriada de La Navidad de Huelva, que permanecen provisionalmente en una de las viviendas de la promoción del programa 'Casa por Casa'.

Gallardo ha asegurado que sus abuelos no quieren salir de la casa y tener que instalarse en otra puesto que se ven ya mayores y no quieren trasladarse más. Por ello, ha sostenido que muchos vecinos se plantean aceptar el alquiler pero sin perder de vista la reivindicación correspondiente para lograr evitar el coste tributario que les supone hacerse con la titularidad de las viviendas.

Como recordó la Junta, los vecinos deben solicitar una subvención excepcional de las casas, tanto a la administración regional como al Ayuntamiento de la capital, ya que la Junta subvenciona el 90 por ciento y el Consistorio el diez por ciento restante para que puedan hacerse con las casas en propiedad. Este aumento en su patrimonio conlleva la correspondiente tributación ante el Ministerio de Hacienda, que muchos de los vecinos al tener un situación económica de especial vulnerabilidad, no pueden costear.

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