La formación considera "necesario que la UE inste a que se aplique "el principio general de recuperación de costes". Es decir: que el usuario pague los costes del recurso (de gestión, de infraestructuras, medioambientales), pero sólo eso y no las nóminas, deudas y otros gastos municipales ajenos al agua".

"La ley debe de prohibir expresamente que el destino de los cánones que las entidades públicas perciban por la concesión de los servicios de agua sea otro que las infraestructuras hidráulicas y que se establezcan los mecanismos de control y sancionadores suficientes para erradicar esta práctica. Y como bien merece la ciudadanía: que el derecho humano al agua y al saneamiento figure en la Constitución. No puede ser que en pleno siglo XXI haya gente a la que le corten el agua por razones económicas", ha concluido la nota.