PRC, PSOE, Podemos y Cs defienden que las normas que regulen el sector deben respetar la legalidad europea, "pero sin perjudicar los intereses de los trabajadores y las medidas que se adopten tampoco deberán suponer un perjuicio inasumible a las arcas públicas en un área económico fundamental como es la portuaria que genera importantes beneficios económicos al sector privado que deberá ser -dicen- parte de la solución legal y económica del mismo".

La iniciativa, una proposición no de ley que se debatirá en el Pleno, pide que se dejen sin efecto los elementos esenciales de las propuestas normativas del Ministerio de Fomento, dirigido por el exalcalde de Santander, Iñigo de la Serna.

Así, insta a derogar el Real Decreto-Ley 4/2017, de 24 de febrero para liberalizar la estiba, rechazado la semana pasada por el Congreso, y modificar sus previsiones legales para recoger los acuerdos a los que se llegue entre todas las partes implicadas, para hacer compatible la sentencia de la UE con la estabilidad laboral.

En la iniciativa, consultada por Europa Press, se traslada el apoyo del Parlamento regional a los trabajadores del sector de la estiba, especialmente a los de Cantabria, en la defensa de sus condiciones de trabajo "dentro de los márgenes que establece la legislación europea y su necesaria transposición a la regulación nacional".

La sentencia de la UE condena a España por considerar que el régimen legal en que se desenvuelve el servicio portuario de manipulación de mercancías contraviene el Tratado de Funcionamiento

de la Unión Europea.

En el texto de la prosición no de ley, los cuatro grupos parlamentarios afirman que el diálogo entre Gobierno, patronal y trabajadores "se rompió ante la actuación unilateral por parte del Gobierno de aprobar sin el acuerdo necesario" el Real Decreto-Ley para liberalizar el sector de la estiba.

Añaden que con este Real Decreto Ley se pretende una liberalización del sector "sin preservar los derechos adquiridos,

rebajando los mismos y empeorando las condiciones laborales", con la justificación del necesario cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE.