Fiscalía de Valladolid solicita un conjunto de penas que se eleva a casi 30 años de cárcel para siete presuntos 'narcos', tres varones y cuatro mujeres, que fueron detenidos en julio de 2016 en la capital y Cabezón de Pisuerga, en el marco de la 'Operación Corona', en posesión de 600 gramos de cocaína como consecuencia de los registros practicados en sus domicilios.

La calificación provisional de la acusación pública solicita la mayor de las condenas, cinco años de prisión y 80.000 euros de multa, para Roberto S.G, seguida de los cuatro años y seis meses y 20.000 euros pedidos para Jorge V.-además de tráfico de drogas se le imputa atentado a agentes de la autoridad-y los cuatro años interesados para Carmen G.A, Marta P.M, Emilio C.F, Miguel Ángel P.V. y María Esmeralda M.P, junto con multas para los tres primeros, por el mismo orden, de 50.000, 20.000, 3.000 y 1.500 euros.

Las investigaciones se iniciaron en el mes de abril del pasado año, cuando la policía tuvo conocimiento de que una persona, Roberto S.G, figuraba, al menos en los últimos cuatro años, como proveedor intermedio de sustancias estupefaciente de otros conocidos narcotraficantes de la provincia considerados distribuidores finales.

Durante este tiempo, los agentes establecieron zonas de vigilancia y pudieron comprobar cómo el cabecilla llevaba un alto nivel de vida sin que tuviera ocupación laboral alguna ni actividad legal que pudiera justificar tanta propiedad como tenía.

Igualmente, los investigadores comprobaron que éste suministraba la sustancia, al menos, a otras personas que, a su vez, vendían a otros consumidores, cada uno en una zona distinta de la provincia de Valladolid.

MÁS DE 600 GRAMOS DE COCAÍNA

Así, el 21 de julio del pasado año la policía efectuó un registro en la vivienda del Paseo Juan Carlos I en la que Roberto S.G. residía junto a su madre, Carmen G.A, también imputada, así como en otra en la calle Faisán de su hermana, residente en el extranjero, y en otra del primero en Cabezón de Pisuerga, además de en una cuarta en La Cistérniga, propiedad de Jorge V.R, en las que se ocuparon en total 627 gramos de cocaína por importe de 29.000 euros, 6.340 euros, tres armas de aire comprimido, siete teléfonos móviles, dos vehículos, una motocicleta y diversos útiles para la preparación y venta de droga.

En su escrito, el fiscal del caso sostiene que la madre de Roberto S.G. era perfecta conocedora de la actividad ilícita de éste y hacía para él funciones de vigilancia y comprobación de que la sustancia que se encontraba escondida en la casa de la calle Faisán se encontrara "incólume".

Pero además, considera probado que el aludido, junto con Emilio C, suministraba la mercancía, para su posterior distribución, a María Esmeralda M.P, que, desde su trabajo como camarera del Bar Mari, en la calle Vía con Casasola, hacía funciones de mediadora, así como a otros traficantes al por menor como Miguel Ángel P.V. o Jorge V.R, éste último desde su vivienda en La Cistérniga.

Dicho acusado fue detenido el 20 de julio en las inmediaciones de su piso en posesión de 3.400 euros destinados, supuestamente, a pagar a Roberto S. parte de la droga suministrada anteriormente.

En el momento de su detención, Jorge V.R. pidió a un agente que le aflojara los grilletes porque le hacían daño, momento que aprovechó para

oponer gran resistencia y escabullirse momentáneamente-varios agentes resultaron lesionados-mientras pedía a gritos a su pareja, Marta P.M, también imputada, que tirase la droga, momento en que ésta fue sorprendida tratando de deshacerse de la misma por el inodoro.

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