El exdiputado del PSC y presunto cerebro de la trama de corrupción Pretoria, Luis Andrés García, Luigi, ha dicho este miércoles que los antiguos hombres de confianza de Jordi Pujol, Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, cobraron una comisión del 4 % por mediar en dos operaciones urbanísticas.

Lo ha admitido en la tercera sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Nacional y en el que se enfrenta a una petición fiscal de 8 años de cárcel y 22,6 millones de euros de multa por tres delitos continuados de tráfico de influencias y otro de blanqueo.

Según Luigi, el exsecretario de Presidencia Lluís Prenafeta y el exconsejero de Economía Macià Alavedra cobraron el 4 por ciento de comisión en conceptos de "intermediación privada", es decir por presentarle al comprador unos terrenos que éste había comprado previamente en las localidades barcelonesas de San Andrés de Llavaneras y Badalona.

Se trata de las operaciones "Badalona" y "Niesma", relacionadas con la compraventa de unos terrenos junto al puerto deportivo de Badalona y en torno a dos fincas en San Andrés en las que, según la Fiscalía, los tres acusados ejercieron una "situación de dominio" en el ámbito de las adjudicaciones públicas.

La sesión de este miércoles ha finalizado y las declaraciones continuarán el próximo jueves 23 de marzo, cuando se espera las comparecencias de Macià Alavedra y Lluís Prenafeta.

El exdiputado del PSC Luis Andrés García Luigi ha negado que intermediase entre ayuntamientos barceloneses y empresarios a beneficio de estos últimos a cambio de comisiones ni que actuase como "conseguidor" de la trama de corrupción urbanística Pretoria, como cree la Fiscalía.

"En ningún caso he intervenido, intermediado ni gestionado por cuenta de terceros ninguna operación urbanística", ha asegurado el principal acusado del juicio Pretoria que se juzga en la Audiencia Nacional y para quien la Fiscalía pide 8 años de prisión y 22,6 millones de euros de multa por tres delitos continuados de tráfico de influencias y otro de blanqueo.

Según su testimonio y en contra de lo que considera la fiscal Anticorrupción Ana Cuenca, él "nunca" informó a empresarios acerca de los concursos públicos que salían en los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramanet, Badalona y San Andrés de Llavaneras, a los que presuntamente la trama defraudó unos 45 millones de euros.

Sin embargo, grabaciones reproducidas en la sala han demostrado que Luigi ofrecía información a los empresarios del estado de algunos informes pendientes de aprobación por alguno de los citados ayuntamientos, según le ha hecho ver además la fiscal.

Ha especificado también que "en absoluto" controló ni gestionó a quién se le iban a conceder las adjudicaciones de los proyectos urbanísticos de los mencionados municipios ni que tuviese información privilegiada por parte de los consistorios.

"A mí nadie me daba información sobre plenos, que quede claro. No tenía información privada extraordinaria de ninguna administración", ha dicho.

La Fiscalía cree que Luigi lideró "un entramado dirigido a manipular las adjudicaciones públicas de varias operaciones urbanísticas" ejerciendo una influencia "notoria" sobre los cargos públicos encargados de decidir sobre las mismas y percibiendo un total de 5,9 millones de euros que ocultó al fisco a través de sociedades opacas.