De esta manera responde la Subdelegación del Gobierno en Huelva al consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, quien ha lamentado que el Gobierno haya decidido dar el paso de abrir a información pública ordinaria el estudio de impacto ambiental y el proyecto sin consultar con la administración regional.

En este sentido, la subdelegada del Gobierno en Huelva, Asunción Grávalos, ha señalado, en declaraciones facilitadas por la administración central, que el trámite llevado a cabo ayer obedece a lo recogido "expresamente" en ese auto, que establecía que la Administración General del Estado había de proceder a la tramitación de la evaluación ambiental del proyecto y la Junta a la tramitación de la autorización ambiental integrada.

Además, Grávalos ha indicado que la Junta de Andalucía será consultada porque, junto con la información pública, también se abrió la información oficial, enviando una carta a distintos órganos de la Junta de Andalucía, una carta "ya enviada" a la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental, a la Dirección General de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos, a la Delegación Territorial de Medio Ambiente en Huelva, a la Delegación Territorial de Cultura en Huelva, a la Secretaría General de Salud Pública y Consumo, a la Dirección General de Infraestructuras, a la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico, a la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad Urbana y la Dirección General de Bienes Culturales y Museos.

Por último, ha precisado que esta carta, "que tuvo salida ayer", comunicaba el inicio de la tramitación y se daba un plazo de 30 días para alegaciones. El plazo correrá desde que reciban la notificación.

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