El acusado, que se enfrenta a una petición fiscal de nueve años de cárcel, ha entrado al edificio de la Real Chancillería de Granada, que también acoge la sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), rodeado de una nube de periodistas y sin hacer declaraciones.

Detrás de él han ido entrado al edificio judicial los representantes legales de las distintas partes que hay en la causa, entre ellas la acusación particular, ejercida por la supuesta víctima de los abusos, que atribuye al padre Román tres delitos de abuso sexual por el que solicita 26 años de prisión, prohibición de aproximarse a menos de 500 metros y de comunicarse durante 20 años y una indemnización de 50.000 euros por daño moral.

El fiscal del caso, Francisco Hernández Guerrero, ha señalado a los periodistas a su llegada que ahora se va a celebrar "el verdadero juicio contra el padre Román", en el que declararán como testigos otras supuestas víctimas y testigos de los supuestos abusos, además de algunos de los sacerdotes y seglares que inicialmente estuvieron investigados en la causa, que llegó a tener doce investigados.

La acción popular, ejercida por la Asociación Prodeni, atribuye al acusado un delito continuado de agresión sexual, con intimidación, violencia y prevalimiento y con acceso carnal.

Pide para él la pena de 15 años de prisión, inhabilitación absoluta por 15 años, privación de residir en el lugar en que resida la víctima por 15 años y prohibición de aproximarse y comunicarse con ella durante 15 años, así como una indemnización de 75.000 euros por daño moral. La defensa solicita por su parte la libre absolución y ha reclamado la anulación del expediente canónigo.

CRONOLOGÍA

El caso se hizo público el noviembre de 2014, cuando fueron detenidos el considerado líder del clan, el padre Román M.V.C., dos sacerdotes más y un profesor de Religión, que sin embargo quedaron después en libertad con cargos, en un caso en el que estaban imputadas inicialmente un total de doce personas, diez sacerdotes y dos laicos.

La Audiencia de Granada acabó declarando prescritos los delitos que se le atribuían a once de ellas, confirmando que la causa sólo debía continuar contra el padre Román M.V.C., considerado el líder del grupo.

Todo se precipitó después de que el joven comunicara por carta al Vaticano que había sido víctima de abusos sexuales desde los 14 hasta los 17 años por parte de este grupo de religiosos de Granada, lo que motivó que el propio Papa Francisco le llamara para pedirle perdón y ofrecerle su apoyo.

Tras la llamada del Papa al joven, éste formalizó una denuncia ante la Fiscalía Superior de Andalucía, que ordenó a la Fiscalía Provincial de Granada interponer denuncia contra todos los afectados.

El Papa se pronunció también coincidiendo con la salida a la luz de esos supuestos abusos en un vuelo de regreso a Roma tras su discurso en el Parlamento Europeo en el que señaló que "la verdad es la verdad" y "no debe esconderse".