Así lo ha indicado este viernes el presidente provincial del partido, José Enrique Fernández de Moya, después de mantener una reunión con alcaldes, portavoces y presidentes 'populares' en municipios de las comarcas de Segura y Las Villas, para abordar la situación de esta presa, que fue inaugurada en octubre de 2015 y se encuentra al cien por cien de su capacidad sin que los agricultores puedan todavía utilizar su agua para riego.

En su opinión, "tiene nombre y apellidos: Partido Popular y Mariano Rajoy", punto en el que ha dicho que ha sido el Gobierno del PP quien lo "hizo real" con una inversión de 54 millones de euros. Frente a ello, ha criticado que el PSOE "nunca ha creído" y ha puesto como ejemplo que el Plan Estratégico de la provincia de 2002-03 registró "un informe desaconsejando su construcción".

Y ahora, según ha añadido, los socialistas en el Gobierno andaluz "una vez más, "se ha manifestado en contra", en este caso al "no asumir" la construcción de las conducciones para regadío que "le corresponde", según refrenda un informe de la Abogacía del Estado realizado a consultas de la Subdelegación del Gobierno jiennense.

"Cero euros en los presupuestos de la Junta de Andalucía para abordar una competencia que es suya", ha subrayado Fernández de Moya, quien ha asegurado que el PP seguirá reivindicando en todas las instituciones que "deje de tomar el pelo a los vecinos de estas zonas de la provincia y acometa las canalizaciones.

En este sentido y tras aludir a diversas reuniones en las últimas semanas, se ha acordado pedir a la Subdelegación del Gobierno que, "a la mayor brevedad posible, la semana que viene", se celebre una reunión con la CHG y la plataforma de riego presa de Siles. El objetivo es que, "de manera consensuada, se establezca la limitación de las hectáreas para proceder a las concesiones temporales de riego", lo que, a su juicio, demuestra "la sensibilidad" del Gobierno de España con la provincia.

LIQUIDACIONES DE SEIASA A REGANTES

Por otro lado, el presidente del PP jiennense, se ha referido a las liquidaciones por modernización de regadíos que la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) remitió a 14 comunidades de regantes -cuatro de ellas en la provincia, en las Vegas Altas del Guadalquivir, a las que se requería 2,7 millones de euros- y que éstas calificaron de improcedentes y extemporáneas.

Según ha defendido, el Ejecutivo central "no ha actuado en ningún momento de mala fe sino que ha actuado dentro de la legalidad vigente" y ha agregado que "Seiasa instó a los regantes a que en el caso de no estar de acuerdo con estas liquidaciones tomaran las medidas que consideraran oportunas para reclamar lo que consideraran justo".

Ha señalado que, desde que el Ministerio de Agricultura fue consciente de la situación a principios del 2016, "se implicó en la búsqueda de soluciones" y puso a disposición de las partes los servicios jurídicos del Estado para resolver el contencioso que se había suscitado. A ello ha sumado que "el Estado previó en los PGE una dotación presupuestaria para evitar perjuicios para las comunidades de regantes".

Fernández de Moya ha hecho hincapié en que el objetivo de Seiasa y el Ministerio de Agricultura ha sido siempre "no perjudicar bajo ningún concepto a las comunidades de regantes y lo ha hecho teniendo siempre en cuenta la ley y la normativa vigente".

Al hilo, ha asegurado que el resultado favorable para los regantes del informe de la Abogacía del Estado, del Ministerio o Seiasa "no viene condicionado por presiones o acciones de ningún partido o colectivo", sino "sólo por la ley".