Las diligencias previas que dirimen si se está ante un caso de supuesta prevaricación administrativa se han incoado a raíz de la querella criminal interpuesta por el grupo municipal del PSOE que sostiene que la contratación "contraviene de forma palmaria y grosera las disposiciones legales y leyes establecidas al efecto".

El auto del Juzgado de Instrucción 2 de Vera, consultado por Europa Press, cita para el día 15 de mayo a partir de las 10,00 horas a Hernández y Cayuela, mientras que a las 10,15 horas está llamado en calidad de testigo el secretario municipal.

Según se recoge en la querella, el trabajador habría sido contratado en dos ocasiones sin que existiese en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de 2014 "puesto de personal laboral alguno para ejercer las funciones que se le atribuyen", por lo que no se habría creado plaza de trabajo a cubrir ni "por supuesto establecido ni negociado con los representantes sindicales su preparación y diseño ni determinado modo de selección alguna".

"Como colofón a este despropósito, la contratación se realizó sin tramitar previamente expediente administrativo alguno, careciendo de asignación presupuestaria y con acreditación de una manifiesta relación de amistad personal y vinculación política entre el trabajador y el concejal de Hacienda y segundo teniente de Alcalde, firmante y ejecutor de la formalización del contrato de trabajo, usurpando a su vez funciones que no le corresponden en esta materia al corresponder al pleno y valiéndose de su cargo para obtener un beneficio personal prohibido para aquellos que ostentan funciones públicas", sostienen los socialistas.

En relación a Hernández, asegura que habría "amparado la ilegalidad en connivencia" con Cayuela y habría participado en ella "con la omisión de perseguir delitos, y ordenando el pago mensual de fondos no disponibles para hacer efectiva la nómina del trabajador contratado de forma irregular". "El alcalde, de forma ilegal e injusta, ha dispuesto de fondos públicos que no tenia asignados para tal efecto", apuntilla la querella.

La primera contratación presuntamente irregular se extendió de octubre de 2014 a septiembre de 2015 mientras que una segunda se habría formalizado desde octubre de 2015 hasta octubre de 2016.

"En la segunda ocasión y para mayor agravamiento de los posibles tipos penales en los que se han podido incurrir ante la contratación de este trabajador inobservando todos los preceptos y disposiciones legales al efecto y ya enumeradas, y constatando la mala fe y la voluntad delictiva de los intervinientes, se le ha querido dar visos de legalidad con un informe de la técnica de Relaciones Laborales Municipal del Ayuntamiento de Carboneras", denuncia el PSOE.

En este informe, siempre según su versión, se señala que, desde la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento, se solicita la contratación para cubrir necesidades urgentes en el Complejo Deportivo Las Marinicas, si bien la oposición argumenta que la trabajadora "no es competente para la realización de tal cometido, pues corresponden a los servicios de Secretaria e Intervención Municipal la acreditación e informe sobre el cumplimiento o no de los requisitos legalmente establecidos para contratar".

"En ambos supuestos, tanto en la primera contratación del trabajador como en la segunda, se obvia la legislación vigente en esta materia, vulnerando los principios de Igualdad, Mérito y Capacidad en el acceso a la Función Pública, La Ley de Bases de régimen Local, el Estatuto Básico del Empleado Público y la Constitución Española", añade la querella, que remarca que no ha existido "proceso selectivo alguno, ni publicación, por lo que la contratación en ambos casos se ha realizado bajo fraude de Ley, sin aprobación del puesto de trabajo ni consignación presupuestaria y usurpando funciones públicas en la firma del contrato de trabajo".

"RELACIÓN POLÍTICA"

Para los socialistas, la causa "real" de las contrataciones "está basada en la relación política existente entre el trabajador y aquellos por quienes es contratado" y ambos investigados se habrían prevalido de su cargo "para favorecer a un compañero político de partido utilizando fondos públicos en el pago de sus emolumentos".

"Esta contratación se ha realizado siguiendo un plan preconcebido, sin la realización de expediente ni trámite previo y sin cumplimentar requisito alguno", explican para subrayar que, a su juicio, "sabían lo que hacían y quisieron hacerlo" cuando "el ingreso en el servicio de las administraciones tiene un trámite reglado, que no es graciable, ni se rige por el capricho de quien se halle investido del correspondiente poder de decisión", concluyen.

OTRAS DILIGENCIAS

En su auto, de 13 de febrero, la juez ordena, en atención a lo solicitado por el grupo municipal del PSOE, la práctica de varias diligencias, entre ellas, que el secretario del Ayuntamiento remita copia de los documentos que obran en el expediente administrativo de contratación de personal referidos a este trabajador e informe de la existencia o no de plazas vacantes prevista en la RPT de 2014, 2015 y 2016 para cubrir la categoría de conserje.

Asimismo, interesa otro segundo informe de la oferta pública de empleo en los presupuestos municipales de Carboneras para esos tres ejercicios, que se remita la oferta pública de empleo presentada ante el servicio de empleo público estatal sobre el perfil del trabajador e informe sobre los gastos devengados de las contrataciones referidos a nóminas, gastos de seguros sociales e IRPF.