Después de que el Consejo de Ministros del pasado viernes aprobara el acuerdo que autoriza la resolución del contrato de la obra, que permanecía bloqueado desde que en 2010 una de las empresas adjudicatarias se declarase en concurso de acreedores, el diputado Francisco Javier Cano quiere que el Ministerio explique por qué no ha sido hasta siete años después cuando se ha autorizado la resolución del mismo.

El diputado recuerda que el contrato de las obras que ahora se ha desbloqueado fue adjudicado en julio de 2009 a una UTE por importe de 16.769.121,5 euros, IVA no incluido. Sin embargo, el 11 de marzo de 2010 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la declaración en concurso de acreedores de una de las empresas adjudicatarias.

Asimismo, recoge que el acuerdo del Consejo de Ministros abre la viabilidad del convenio suscrito en abril de 2016 entre Adif y Puertos del Estado y por el que asumen la ejecución de las obras por un importe máximo de 20 millones de euros, con cargo al Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria.

Así las cosas, pregunta si ha calculado el Gobierno central el coste de las pérdidas económicas como consecuencia del retraso en la resolución de un contrato que se licitará a partir de ahora y que permitirá que el tráfico de La Cabezuela aumente un 35 por ciento.

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