En declaraciones a Europa Press, el representante del Ejecutivo central en la provincia ha subrayado que "el Gobierno reafirma su voluntad de construir la mejor comisaría posible para Córdoba y la Policía".

Al respecto, la Mutualidad de Previsión Social de la Policía (Mupol) ha enviado una carta al Ayuntamiento, en la que reivindica la propiedad de los 2.000 metros cuadrados de terreno en Campo Madre de Dios y afirma que si no pudo construir las viviendas en su día fue por que se lo impidió el Gobierno de entonces.

En la citada carta, la mutualidad reprocha a la alcaldesa, Isabel Ambrosio (PSOE), que "las noticias de que el Ayuntamiento incita al Ministerio de Interior para que consolide una posición ilegítima que se ha producido en tiempos de la dictadura franquista, mediante una orden de un general del Ministerio de la Gobernación, son gravísimas".

Entretanto, Mupol informa de que fue creada en 1951 por el Ministerio de la Gobernación, bajo la denominación de Asociación Mutua Benéfica de la Policía Armada y de Tráfico y que era de adscripción y permanencia obligatoria para todos los policías. El colectivo estuvo controlado y dirigido por mandos policiales en régimen militar hasta 1989, "sin que en ese periodo de tiempo existiera ninguna participación democrática de los mutualistas en sus órganos de gobierno".

En ese contexto, se produjo en 1958 la cesión de los terrenos a la mutualidad -que los pavimentó y cercó perimetralmente- con un coste de 80.000 pesetas de la época, "procediendo posteriormente a realizar un encargo arquitectónico que la construcción de 30 viviendas policiales".

Al hilo de ello, Mupol afirma que ese proyecto constructivo se paralizó, porque la máxima autoridad policial de la época "ordenó que los terrenos fueran ocupados para dar servicio a la comisaría como aparcamiento y talleres".

"UNA ORDEN DE UN GENERAL"

"Por cualquier observador de esta realidad es fácil concluir que la mutualidad fue desposeída de los terrenos, por vía imperativa de una orden de un general a la que era imposible oponerse; podríamos decir que se produjo una ocupación por la vía ejecutiva de la fuerza que otorgaba una orden de un general militar dentro de un régimen político de dictadura", añaden desde la mutualidad.

Desde Mupol destacan que tanto el Ayuntamiento, como el Ministerio conocen la situación desde hace décadas e insisten en que la actual mutualidad es ahora una entidad sin ánimo de lucro que actúa como previsión social dentro del ámbito de la Dirección General de la Policía, otorgando prestaciones a los mutualistas de carácter complementario a la Seguridad Social, tales como jubilación, vida y accidentes, "por lo que cualquier pérdida de patrimonio repercutirá directamente en la rentabilidad y prestaciones que otorga a sus más de 16.000 mutualistas activos".

En definitiva, la mutualidad concluye que "si el Ministerio desea ejercer acciones de prescripción administrativa, deberá ejercer su supuesto derecho conforme a las reglas establecidas en el Código Civil y serán los tribunales quienes decidan".