Operación
Varios médicos intervienen en una operación quirúrgica. EUROPA PRESS/SESCAM

Son aún conclusiones "provisionales" porque el grupo de expertos constituido para analizar la sentencia del Tribunal de Justicia Europea (TJUE) sobre interinos prefiere esperar a lo que decida el Supremo español y —de nuevo— la Corte de Luxemburgo. Pero los sabios se han pronunciado ya en un doble sentido: coinciden en la necesidad de limitar el uso de la interinidad... y difieren sobre la indemnización en la extinción de estos contratos.

"Debe mejorarse la regulación del contrato de interinidad y los mecanismo de lucha contra el fraude en su uso", dice el documento adelantado este martes por eldiario.es y al que ha tenido acceso 20minutos que analiza la sentencia del TJUE del pasado 14 de septiembre. Un dictamen que consideraba "discriminatorio" que una empleada del ministerio de Defensa encadenase contratos de interinidad y que, tras su extinción, no disfrutase de una indemnización.

El dictamen de la Corte europea no era baladí. Según los sindicatos de funcionarios podría afectar a unas 300.000 personas y supondría un auténtico revolcón a las políticas de contratación pública en la Sanidad y Educación, dos sectores en los que se dispara el uso de la interinidad para cubrir vacantes. Empleo se reunió el 17 de octubre con sindicatos (UGT y CC OO) y patronal (CEOE y Cepyme) para abordar el asunto. Y de aquel encuentro surgió este grupo con representación tripartita: dos expertos designados por el Gobierno, dos por los trabajadores y dos por los empresarios.

Tras varias reuniones, los sabios elegidos presentan ahora estas conclusiones "provisionales" que, en su articulado, comienzan con un visión compartida por todos: la "necesidad" de mantener la contratación de duración determinada —es decir, los temporales— y el "rechazo" al llamado contrato único; una modalidad que recomiendan para España un organismo como el FMI o un partido como Ciudadanos. Coinciden también los expertos en "limitar a sus justas proporciones" el uso de la contratación temporal y evitar el "abuso y fraude" en estos acuerdos.

En relación a los interinos, los expertos consideran "convenientes" varios puntos: primero, fijar un plazo máximo de duración que debe ser acordado en el marco del diálogo social; segundo, valorar la aplicación a estos contratos de la regla limitativa del encadenamiento de contratos; y tercero, suprimir su exclusión de la indemnización que contempla actualmente el Estatuto de los Trabajadores en su art.49, previéndose una nueva causa de despido objetivo "vinculada la extinción de la reserva del puesto".

Una parte quiere indemnizar con 20 días al año... otros prefieren esperar

Hasta aquí, las coincidencias. Pero los expertos difieren en la indemnización que le correspondería a los interinos por la extinción de su contrato y culpan de ello a las "ambigüedades" de la sentencia del TJUE que no diferencia, según ellos, la extinción de estos contratos por cumplir su objeto (pagado con 12 días por año trabajado) y la debida a un despido objetivo por causas económicas u organizativas (que se indemniza con 20 días).

"Esas dos alternativas se reflejan en las posiciones del Grupo de Expertos", admiten los propios sabios en su informe. La postura mayoritaria es la defendida por los expertos designados por los empresarios y por el Gobierno. Estos cuatro optan por los 12 días de indemnización aunque, en todo caso, prefieren aplazar su respuesta a lo que decida el Supremo y el propio TJUE, tras otra cuestión sobre este asunto remitida por el Superior gallego.

Una facción más minoritaria, la designada por los sindicatos, defiende poner remedio inmediato a la "inseguridad jurídica" de los interinos, reformar el Estatuto de los Trabajadores y establecer una indemnización para los interinos de 20 días por año de servicio.